Hasta 10 millones de euros, según los cálculos realizados y hechos públicos por la Guardia Civil, puede ascender el perjuicio que comporta el uso ilegal de agua  para el cultivo de subtropicales en la comarca malagueña de la Axarquía.

Es el principal dato conocido en la operación que lleva a cabo el cuerpo armado, y que ha supuesto la detención de 26 personas y en la que se actúa contra 44 en calidad de investigadas. Además de los detenidos y los investigados hay 39 personas implicadas como partícipes a título lucrativo. 

Los investigadores inspeccionaron 3.453.008 metros cuadrados de cultivo de subtropicales donde se pudo comprobar cómo se realizaba la extracción continuada durante varios años de aguas subterráneas públicas en la masa de agua denominada Metapelitas de Sierras Tejeda-Almijara a través de 299 aprovechamientos, por medio de pozos, sondeos y balsas.

Según un informe del Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía, que ha colaborado con la investigación, más de 250 de los 299 aprovechamientos inspeccionados eran ilegales, todo ello a pesar de la grave situación hídrica existente en la zona.

A tenor de la información facilitada por la Junta de Andalucía, se estima que el total de agua derivada ilegalmente desde el inicio de la actividad ascendería a 25.951.198 metros cúbicos aproximadamente.

La extensión total de la superficie objeto de riego ilegal se elevaría a 240,242 hectáreas y se han podido causar unos daños al dominio público hidráulico que se calculan en unos 10.000.000 euros aproximadamente.

A los detenidos se les acusa de los supuestos delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y de usurpación de aguas públicas, por el presunto uso fraudulento del agua en el riego de cultivos subtropicales, todo ello con grave riesgo de daño medioambiental, según ha informado este martes la Guardia Civil.

Investigación de años

La investigación se inició hace cuatro años cuando se recibió una denuncia ante el Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga por el uso fraudulento del agua para el riego en la Axarquía por parte de agricultores de cultivos subtropicales que podrían estar provocando un daño importante de las reservas hidráulicas.

Posteriormente a esta denuncia se sumaron otras durante los últimos años, entre ellas, la realizada de manera colectiva por parte de varios agricultores de la zona que denunciaron a la junta de gobierno de varias comunidades de regantes por el mal uso del agua.

Supuestamente se estaba permitiendo el riego fuera del rango de cota 140, estando completamente prohibido, con el consiguiente perjuicio económico para los agricultores que ajustaban sus riegos a lo legalmente establecido.

Pese a la sequía

La Junta de Andalucía informó de que estas detracciones ilegales de agua se habían producido encontrándose la masa de agua sobreexplotada, e incluso estando la zona desde junio del 2021 declarada por la administración medioambiental autonómica en situación de sequía prolongada y de situación de excepcional sequía, y como consecuencia de ello se había establecido un período de restricciones de agua regulada. 

Respecto a las irregularidades denunciadas contra las comunidades de regantes, los investigadores creen que 2.220.555 metros cuadrados del suelo de esa zona podría estar siendo regados ilegalmente con agua procedente de las Comunidades de Regantes.

Y según las pesquisas, dicho agua estaba siendo derivada con el conocimiento de las propias comunidades de regantes y de sus responsables, los cuales podrían incumplir su específica obligación legal de actuar.

La cantidad de agua derivada ilegalmente por estas comunidades de regantes puede llegar aproximadamente a 2.481.712 metros cúbicos y económicamente podría suponer unos 3.000.000 de euros de daños al Servicio de Dominio Público Hidráulico a lo largo de estos últimos años.

La larga y extensa operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), bajo la dirección y coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.

Las diligencias ya han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Vélez Málaga.