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14/04/2024  

Málaga

Malestar sindical a la propuesta de trasladar la subida salarial de justicia a las CCAA

Sería el caso de Andalucía y los sindicatos temen que la Junta no asuma el pago, aumentando así las diferencias de personal entre regiones

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  • Reunión en el Ministerio. -
  • El Gobierno cenral se ha comprometido a presentar una oferta económica para el día 28 de febrero
La segunda reunión para buscar una solución a las reclamaciones salariales y profesionales de los 45.000  funcionarios de la Administración de Justicia (unos 9.000 en Andalucía) concluyó este miércoles sin avances importantes, según representantes de las organizaciones sindicales que se sentaron en Madrid, junto a responsables del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. 
 
Este era el segundo encuentro después de que el pasado 10 de enero fueron convocados en la sede ministerial tras la conformación del nuevo Gobierno central.
 
Si en el anterior periodo legislativo, durante el mandato de la ministra Pilar Llop, los sindicatos (CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA) se quejaron de falta de voluntad negociadora al no sentarse su equipo en la mesa después de las subidas salariales a jueces, fiscales y letrados judiciales (LAJ), las organizaciones no vieron colmadas ayer sus esperanzas de llegar a un avance para el acuerdo por la propuesta hecha por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la secretaria general de Innovación y Calidad del Servicio Público de la Justicia, Sofía Puente, que propusieron trasladar el pago del aumento salarial que reclaman para 45.000 funcionarios a las ejecutivos de las comunidades autónomas con transferencias en materia de Justicia, como es el caso de Andalucía desde 1997.  
 
Olmedo sí se comprometió, sin embargo, a negociar en una Mesa Delegada las actualizaciones retributivas para el personal del 'Territorio Ministerio' (que incluye a Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional), mientras que para el resto de funcionarios debería de abordarse por los Ejecutivos regionales.
 
Esta propuesta ministerial para el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) "es  decepcionante, porque niega que el incremento retributivo se aplique en el Complemento General de Puesto, que es el concepto salarial mediante el cual el incremento retributivo sería de aplicación a los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia". Los sindicatos reclaman subidas de entre 430 y 350 euros mensuales brutos, dependiendo de la categoría.
 
La organización recordó que un aumento pactado para todo el Estado sería la mejor forma de tratar de corregir las desigualdades salariales que existen por autonomías entre los trabajadores de cada uno de los 4 Cuerpos Generales (Gestores, Tramitadores, Auxilio Judicial y Forenses). Ponen como ejemplo que a día de hoy un tramitador sin trienios del País Vasco percibe una nómina superior a la de un gestor de Andalucía con cinco trienios (categoría laboral superior esta última al anterior).
 
El Ministerio propuso que debería ser en cada ámbito autonómico "donde se negocie la subida salarial, a través del Complemento Específico" -que es competencia de las comunidades con transferencia en Justicia-, lo que supondría dejar en manos de éstas el posible incremento.  
 
"Y no sería ni mucho menos igual en cada territorio, y se corre el riesgo de que algunas -o todas- las comunidades se opongan a esa negociación", señalan desde STAJ. De hecho, los funcionarios de Andalucía mantienen a esta fecha un litigio con la Junta, que preside el popular Juan Moreno Bonilla, al que reclaman un incremento del Complemento Específico. 
 
DEFINICIÓN DE LAS FUNCIONES EN LOS JUZGADOS
 
Este sindicato criticó que el Ministerio se hubiera negado a incluir en un documento de organización futura el reconocimiento expreso de las nuevas funciones y responsabilidades -que Justicia denomina “tareas”- en el aspecto profesional, legal y retributivo". Unas funciones que los funcionarios piden que se aclaren en relación con las que ejercen los letrados judiciales (LAJ), o antiguos secretarios.

En la reunión celebrada en la sede del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia reconoció la utilidad del diálogo mantenido en los dos grupos de trabajo, donde se analizan el teletrabajo en la Administración de Justicia y el impacto del proceso transformador que representa el proyecto 'Justicia 2030' en el trabajo del personal de los Cuerpos Generales y Especiales al servicio de la administración. 

Unos programas de organización y transformación digital de los juzgados (LEO) para los que la Unión Europea fijó hace más de un año fondos con el objetivo de modernizar la Administración de Justicia española.

El encuentro finalizó con el compromiso del secretario de Estado, Manuel Olmendo, de presentar de inmediato una oferta económica y las partes se han citado el próximo miércoles, 28 de febrero.

Al término del encuentro, al que acudieron también la directora general para el Servicio Público de Justicia, María Àngels García Vidal, y el subdirector general de Acceso y Promoción del Personal de la Administración de Justicia, Javier Moríñigo Villaboa, varios de los representantes recordaron que la propuesta para que fueran las comunidades con traspaso competencial las que asumieran el pago de los futuros incrementos, ya se hizo con el equipo ministerial del entonces secretario de Estado Tontxu Rodríguez.

Respecto a los documentos, solo se profundizó en el primero de ellos, sobre el cual STAJ manifestó que aún recogiendo de manera extensa el impacto que sobre el trabajo de los funcionarios de Cuerpos Generales y Especiales va a tener toda la transformación organizativa y digital de la Justicia, "carece de lo esencial porque el Ministerio se ha negado a incluir en el mismo el reconocimiento expreso de las funciones en el aspecto profesional, legal y retributivo, porque es evidente que se asumen nuevas funciones y responsabilidades, por mucho que quiera negarse", indican desde STAJ. 
 
"Estamos como al inicio del conflicto, porque esta es exactamente la misma propuesta que se nos hizo tras la convocatoria inicial de huelga, que fue rechazada de forma contundente por no recoger la más mínima garantía de incremento salarial para todos", concluyen fuentes sindicales.

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