La Junta de Andalucía ha mostrado su preocupación por el marco normativo que el Gobierno de España ha implantado para el sector energético, y ha estimado que las nuevas medidas afectarán al consumidor.
Así lo han anunciado el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, este miércoles. Ambos, han informado de que el Senado dio luz verde, el pasado jueves 13 de diciembre, al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que entrará en vigor en enero.
"La ley, además, no acabará con el déficit tarifario ya que sólo tiene una finalidad recaudatoria, lo que es un revés para empresas y particulares, en estos tiempos complicados", ha subrayado Ruiz Espejo, quien ha destacado que la normativa es un "duro golpe" a las energías renovables.
En este sentido, ha incidido en que "la nueva ley vuelve a ser un paso atrás en materia de compromiso con el medio ambiente y un desarrollo sostenible, ya que las energías renovables se ven perjudicadas frente a las convencionales".
Además, Ruiz Espejo ha añadido que con esta ley se rompe el principio de "quien contamina paga" y perjudica a las renovables con el tributo homogéneo, puesto que "no es lo mismo gravar un proyecto que lleva 30 años funcionando y que está amortizado, que gravar un proyecto en funcionamiento", ha añadido.
La Junta ha lamentado que el Gobierno de Mariano Rajoy ponga en peligro el cumplimiento de los compromisos nacionales en esta materia, cifrados en un 20 por ciento de aportación de las fuentes renovables al consumo total de energía de la Unión Europea (UE) y el 20 por ciento del ahorro en 2020.
"Andalucía y Málaga perdieron mucho con la moratoria de las primas a las renovables y perderán mucho con la ley que se está ultimando en las Cortes", ha expresado el delegado, al tiempo que ha querido incidir en la grave inseguridad jurídica que impide atraer inversiones. Entre ellas, las plantas de biomasa, una energía renovable que tiene la mayor tasa de creación de empleo verde.
En palabras de Ruiz Espejo, Málaga sufre especialmente el castigo de este nuevo marco regulador y el Real Decreto Ley de Enero de este año. "En aquel decreto ley se vieron afectados 73 proyectos, que suponían una potencia superior a 248 megavatios y lo que es peor: se dejaron de crear 1.049 empleos en plantas de biomasa, cogeneración, energía eólica y fotovoltaica y de invertir 343 millones de euros en 10 municipios", ha insistido.
Por su parte, Rueda ha recordado que la normativa de enero pasado eliminaba la preasignación --cantidad de energía que se primaba-- y ha criticado que el Gobierno central anunciara que sería una medida provisional y que, sin embargo, haya estado vigente todo el año, con el reseñado saldo de 343 millones de inversión bloqueados en Málaga.
Ante esta situación, la Junta de Andalucía estudia la declaración de Proyectos Estratégicos, por su especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial de aquellas inversiones que posibiliten la implantación de grandes Plantas de Energías Renovables en Régimen Ordinario que vayan unidas a la puesta en marcha de un Plan Industrial.
"Queremos apostar también por fomentar que los ciudadanos generen su propia energía mediante pequeñas instalaciones domésticas", ha manifestado Rueda, al mismo tiempo que ha anunciado que la Junta va a reforzar las políticas de ahorro y eficiencia energética a través de su Orden de Incentivos y de los Fondos Reembolsables.