El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga instará al equipo de gobierno del PP a que evalúe el impacto que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, impulsada por el Gobierno de España, tendrá en los servicios y competencias prestados por el Consistorio y relacionados con el empleo, la capacitación de los recursos humanos y la actividad económica.

   Así lo trasladará la concejala socialista Francisca Montiel en una moción que presentará en la próxima Comisión de Pleno de Economía, Promoción Empresarial y Empleo y en la que propondrá también cuantificar el número de personas asignadas a estos organismos o servicios que dejan de ser competencia municipal.

   Al respecto, ha hecho especial hincapié en organismos como el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), Promálaga o el Palacio de Ferias y Congresos, cuya desaparición, ha alertado, generaría "un profundo impacto en los destinatarios de los servicios y en la estructura administrativa encargada de prestarlos".

   La edil socialista incidirá en la citada moción en la necesidad de evaluar el coste efectivo de estos servicios y sus equipamientos asociados, además de planificar las acciones que en este sentido va a llevar a cabo el equipo de gobierno del PP.

   Montiel ha señalado a Europa Press que la reforma local impulsada por el Gobierno central "modifica el sistema de atribución de competencias a los municipios, optando por uno de atribución tasada de competencias, que podrán ser propias o delegadas, lo que supone una profunda alteración en la capacidad de intervención y autonomía de los ayuntamientos".

   Además, ha advertido, "la inexistencia de un adecuado y claro proceso transitorio multiplica la sensación de vacío legal para las administraciones locales, a la vez que incrementa la necesidad de que sean los propios ayuntamientos los que evalúen el impacto que la aplicación de la ley va a tener en sus estructuras presupuestarias y de personal y en los servicios que prestan y las actividades que llevan a cabo".

   En consecuencia, Montiel ha considerado preciso analizar las competencias hasta ahora atendidas en el ámbito municipal y relacionadas con el empleo, la capacitación de los recursos humanos locales y la actividad económica y que "dejan de ser propias en el nuevo marco establecido por la ley".