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El Ayuntamiento de la capital adquirirá 11 viviendas para destinarlas a familias en riesgo de exclusión social

El Consistorio, a través del Área de Ordenación del Territorio y Vivienda, va a invertir 479.458 euros en este plan especial de compra de inmuebles

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La Mesa de Contratación del Instituto Municipal de Vivienda (IMV) de Málaga ha propuesto la adquisición de 11 viviendas para destinarlas a familias en riesgo de exclusión social, dentro del denominado Plan FRES, según han informado desde el Ayuntamiento de la capital.

   El Consistorio, a través del Área de Ordenación del Territorio y Vivienda, va a invertir 479.458 euros en este plan especial de compra de inmuebles que tiene como fin complementar las acciones municipales que se desarrollan para facilitar el acceso a una vivienda a personas con dificultades económicas, según han precisado en un comunicado.

   Las viviendas están localizadas en los distritos de Bailén-Miraflores, Carretera de Cádiz, Palma-Palmilla y Cruz de Humilladero, siendo todas de particulares. Asimismo, cumplen con unos estándares de calidad óptimos para garantizar su habitabilidad.

   En este sentido, han apuntado que están en buen estado, la antigüedad del edificio no es superior a los 50 años, libres de cargas, y son accesibles para personas con movilidad reducida, con un mínimo de dos dormitorios, cocina, baño y salón.

   Estos pisos, según han precisado, se destinarán a familias en riesgo de exclusión social, posibilitándoles un régimen de alquiler asequible, que oscilará entre los 150 y los 200 euros al mes.

   El concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, ha destacado que se trata de una iniciativa "que se suma a todos los esfuerzos realizados por el Ayuntamiento para la puesta en marcha de nuevas promociones y la recuperación de viviendas, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna y atender la demandan existente".

   Han recordado que el Ayuntamiento de Málaga inició este plan especial en marzo para adquirir inmuebles con el objetivo de ofrecerlos en régimen de alquiler asequible. El 25 de marzo se publicaron las bases de la campaña en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se creó una mesa de contratación para la gestión de este plan especial y la apertura de una oferta pública de adquisición de vivienda a través de un concurso. En el plazo de un mes, hasta el 28 de abril, se recibieron 21 ofertas de viviendas.

   Una vez recibidas las ofertas, las viviendas han sido revisadas para comprobar su estado y el cumplimiento de los requisitos establecidos. Finalmente, el Ayuntamiento, tras la propuesta de la Mesa de Contratación, procederá a adjudicar esta compra.

PLAN FRES

   A través del Plan FRES, el Ayuntamiento ha adjudicado en estos años unas 240 viviendas de protección oficial (VPO) para familias malagueñas con necesidad urgente de vivienda. El perfil de los beneficiarios de este plan, en cuanto a situación económica, son generalmente familias con ingresos inferiores a 1 IPREM --7.430 euros al año--.

   han señalado que en el origen de la problemática de acceso a una vivienda de estas familias se encuentran, entre otros, casos de aquellas que han estado viviendo de alquiler pero han tenido que dejar la casa por no poder pagar la renta, y en su mayoría han acudido a casas familiares donde habitan en situación de hacinamiento.

   También hay procedentes de desahucios hipotecarios o desahucios por impago de alquiler; personas mayores de 65 años que no tienen red familiar de apoyo y que con sus pensiones (la mayoría no contributivas) no pueden afrontar un alquiler; y familias con miembros con discapacidad de diversa índole o víctimas de violencia de género (mayoritariamente porque no pueden pagar el alquiler).

   En cuanto a la adjudicación de la vivienda, cada uno de los casos es analizado en el Comité de Valoración, que aglutina a las áreas de Derechos Sociales, Igualdad, Accesibilidad y al propio IMV. En dicho órgano se valora la dificultad, la emergencia de estas familias y la gravedad de su situación, sin que sea necesario su ingreso en el registro municipal de demandantes, contando con una ordenanza municipal al respecto.

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