La Junta de Andalucía se muestra al lado de los taxistas en sus protestas contra la liberalización del sector que pretende la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). "Tiene más perjuicios que beneficios", ha dejado claro el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo.

   "Es un tema que depende del Gobierno, pero es necesario buscar una solución para que, cumpliendo la directiva europea, el taxi esté regulado como un servicio público y mediante las concesiones a través de los ayuntamientos", ha indicado el delegado provincial del Ejecutivo andaluz.

   Para Ruiz Espejo, "la regulación tiene que ser similar a la que existe". Ha contemplado la posibilidad de introducir "mejoras" en el procedimiento, pero, tal y como ha precisado, "sin que deje de haber un control sobre las tarifas y sobre el número de licencias que se conceden porque si todo el mundo va a prestar el servicio, esto va a ser un caos".

   "Lo que queremos es que el taxi siga siendo un servicio público", ha manifestado en una entrevista con Europa Press el representante en Málaga de la Administración regional, secundando así las reclamaciones del sector, que el pasado mes de septiembre protagonizó sendas grandes manifestaciones en Córdoba y Málaga contra la desregulación anunciada por la CNMC.

   En el caso de Andalucía, este organismo público insta a los ayuntamientos de Málaga y Córdoba a modificar sus respectivas ordenanzas del taxi para la desregulación del sector, de modo que se permita operar a cualquier persona o empresa.

   Se considera, igualmente, que las tarifas oficiales sólo han de servir como tope máximo, de manera que cada profesional pueda rebajar ese precio en forma de descuentos. Además, se deja la puerta abierta a nuevas licencias.