El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, afirmó ayer  en el Parlamento andaluz que la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de diciembre de 2017 deja claro que la competencia de la limpieza de   los   cauces   de  ríos   y arroyos   que  discurren  por las  zonas urbanas corresponde a los ayuntamientos y que en ningún caso se puede hablar de “inactividad administrativa” por parte de la Junta.

En   opinión   del   titular   de Medio   Ambiente,   esta   sentencia   se pronuncia   sobre los   dos   pilares   en   los   que se   sostiene   el   recurso contencioso administrativo formulado por el Ayuntamiento de Málaga sobre la supuesta inactividad de la Junta. El primero, hace referencia sobre a quién corresponde la competencia para la conservación y adecuación de los arroyos   en el   término   municipal   de Málaga;   mientras   que   el   segundo especifica si las normas que   deciden esta competencia son de carácter autonómico o dependen del Derecho estatal.  En este sentido, el consejero lamentó que el ayuntamiento malagueño  haya   intentado  atribuir  la competencia  sobre  la  limpieza  y adecuación de cauces urbanos a la Junta  sin tener en cuenta la normativa.