El delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Málaga, Fernando Fernández, ha explicado este miércoles que de unos 300 chiringuitos que hay en la provincia "actualmente entre el 30 y el 25 por ciento tienen su título, un 50 por ciento están en trámite con las concesiones caducadas y el 15 por ciento carecen de título y no han iniciado trámites".
Fernández ha precisado que esto es debido a la "situación de caos, de parálisis total que ahora mismo existe en el área de Medio Ambiente" y ha detallado, junto a la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Mercedes García, las decisiones adoptadas por la Junta en el Consejo de Gobierno este pasado martes para solucionar este y otros problemas.
El delegado ha indicado que se han detectado hasta 4.367 expedientes sin resolver en la Consejería de Medio Ambiente, que, ha asegurado, "habrían creado 92.000 empleos si se hubieran cumplido los plazos previstos". Asimismo, ha resaltado que Málaga encabeza la lista con 1.207 expedientes pendientes --27,6% del total--.
Fernández ha explicado que la "demora en los plazos es lo que hace que los retrasos sean diacrónicos", por lo que la Junta propone reforzar con 65 personas la Consejería y modificar la ley de Gestión Integrada de la Calidad para agilizar los trámites, porque hasta ahora "hace que se prolonguen los tiempos de gestión".
En cuanto al refuerzo, 33 trabajadores se ubicarían en los servicios centrales y el resto "entre técnicos y jurídicos se repartirían entre las distintas delegaciones, siete en el caso de Málaga", ha precisado, al tiempo que ha asegurado que la intención de la Junta es aplicar estas medidas de manera "inmediata" porque la situación "frustra" al sector empresarial y agricultor.
Así se solucionaría además la situación de los chiringuitos que "son fuente de riqueza y no se puede entender Málaga" sin estos establecimientos, ha resaltado.
"El principal problema es que el embudo se produce siempre en Medio Ambiente: tú inicias la aplicación ambiental y luego hay que pedir otro informe sectorial a aguas, residuos, a cultura, y hasta que no se resuelve todo eso no se puede hacer un trámite ambiental", ha explicado.
Además de agilizar los trámites para que el "embudo no esté siempre en Medio Ambiente", la Consejería plantea rebajar la clasificación de determinadas actividades "que no tengan residuos peligrosos o una importante incidencia en el Medio Ambiente" para que en vez de ser una autorización ambiental sea una calificación, que "es igual pero requiere de menos requisitos, lo que aceleraría en un 80 por ciento el plazo de resolución de expedientes", ha destacado.
