Los empleados públicos están convocados a un paro el 8 de junio en protesta por la rebaja salarial anunciada por el Gobierno, mientras los sindicatos de la Función Pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF advirtieron al Gobierno de que, si no rectifica, las movilizaciones continuarán.

Así lo aseguraron ayer el secretario general de la Federación de los Servicios para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, el secretario de organización de la Federación de los Servicios Públicos de UGT, Rafael Espartero, y el secretario nacional de Formación del sindicato CSI-CSIF, Miguel Borra.

Los tres dirigentes se reunieron para anunciar que la convocatoria de paro de este colectivo se retrasa del 2 de junio al día 8 porque el Gobierno debe aclarar en la Mesa General de la Función Pública a qué colectivos afecta el recorte.

Anunciaron que el jueves por la mañana la secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, se reunirá con los máximos dirigentes sindicales del sector público en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, horas antes de que el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto de medidas contra el déficit público.

No obstante, mantienen las manifestaciones previstas para el día 20 por la tarde y a las que se ha adherido un sindicato policial.

Precisamente, fuentes del Ejecutivo apuntaron a Efe que el Gobierno recopila datos de comunidades autónomas y ayuntamientos para fijar el baremo con el que rebajará el sueldo de los empleados públicos una media del 5% y del 15% para los altos directivos.

En este sentido, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, avanzó que en su caso con un salario bruto de unos 83.000 euros anuales, sin pagas extraordinarias, éste se reduciría entre 600 ó 700 euros al mes.

Asimismo, UGT, CCOO y CSI-CSIF urgen al Ejecutivo a que explique por qué a los trabajadores de empresas o entidades estatales que hayan firmado convenios colectivos no les afectará el recorte del sueldo.

Enrique Fossoul (Comisiones Obreras) dijo que esto es “ridículo” y “raro” porque los Presupuestos Generales del Estado son de aplicación para todos los empleados públicos, también los de empresas estatales.