Tras más de dos horas de reunión, tanto Montilla como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que ha sido la encargada por parte del Gobierno de informar de los resultados del encuentro, han asegurado compartir lo “esencial” de su diagnóstico sobre las consecuencias que el fallo del TC ha tenido.
Montilla ha asegurado sentirse “razonablemente satisfecho” por el encuentro, ya que en el mismo tanto él como Zapatero han coincidido en la “magnitud” del problema ocasionado por la sentencia y en que no es un problema de Cataluña, sino también de España.
Ha reconocido que no se ha llegado a ningún acuerdo, porque no se trataba -ha dicho- de ello, pero Zapatero ha comprendido, según Montilla, que tras la sentencia se ha generado un problema político y, por tanto, la solución debe ser política, por lo que ha pedido gestos en este sentido.
El Gobierno, por su parte, ha insistido en su mensaje de los últimos días y se ha comprometido a tender puentes para restituir el entendimiento institucional con Cataluña y la confianza que se ha visto dañada por la sentencia del Estatut.
Ambos presidentes, según ha indicado De la Vega, han constatado además la voluntad de desarrollar el gran potencial de autogobierno del Estatut partiendo de la sentencia sobre la norma básica catalana.
Tanto la vicepresidenta como Montilla han dejado claro que el objetivo de encuentro era hacer un análisis de la sentencia y de sus consecuencias, más que fijar un calendario o crear grupos de trabajo para estudiar cómo se pueden recuperar las partes del Estatut afectadas por el fallo del Alto Tribunal.
No obstante, a partir de ahora, comenzarán los trabajos conjuntos para desarrollar el Estatut y se fijará un calendario de actuación.
Un calendario que, según el Gobierno, podría estar diseñado en otoño, al igual que el índice de asuntos a desarrollar y los instrumentos que deben utilizarse.
Montilla ha subrayado que los daños “morales” que ha generado la sentencia son más “graves” que los materiales, ya que se ha producido un ataque a la “dignidad” de los catalanes y a sus “justas demandas y razones”.
Por ello, ha insistido en pedir un cambio de actitud a las instituciones, porque la tarea que hay por delante no puede limitarse a reformas legales o trasferencia de competencias.
“Espero gestos políticos”, ha remarcado Montilla, quien ha afirmado que se abre una nueva etapa en la que la política debe mostrar la solidez del pacto que se ha lesionado y que debe rehacerse.
Pese a considerar que ayer no era el momento ni el lugar para abordar los cambios que se deben acometer para recuperar el Estatut, Montilla ha entregado a Zapatero el informe solicitado por la Generalitat a un grupo de expertos sobre la afectación jurídica de la sentencia.
Este documento, ha explicado, incluye una serie de propuestas que pasan por la reforma de leyes, transferencias e incluso de la utilización del artículo 150.2 de la Constitución.
