Los activistas españoles presentes en la Flotilla de la Libertad han anunciado que planean enviar dos barcos con bandera española con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, en el marco de una nueva campaña denominada 'Rumbo a Gaza' con la que tratarán de sortear el embargo al que está sometido este territorio palestino.
Así lo ha comunicado Manuel Tapial, miembro de la Asociación Cultura Paz y Solidaridad y, junto a Laura Arau y David Segarra, uno de los tres españoles que han presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, otros seis miembros de su Gabinete y un alto cargo militar, por delitos de lesa humanidad cometidos el pasado 31 de mayo, en el asalto contra el convoy humanitario en aguas internacionales que acabó con nueve cooperantes muertos y una decena de heridos.
Tapial ha explicado que quieren "seguir trabajando en la solidaridad con el pueblo palestino" y por ello están organizando la nueva campaña, que "pretende sacar dos barcos con bandera española en dirección a Gaza". No obstante, ha expresado su esperanza en que estos buques no tengan que zarpar "porque para cuando sea posible eso se haya caído el embargo y la población de Gaza pueda transitar libremente y pueda ejercer la soberanía sobre su territorio".
INACCIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL
El cooperante también ha querido agradecer el apoyo que les ha brindado la sociedad y se ha mostrado convencido de que "las realidades las cambia la sociedad civil". "Ni son los líderes mundiales, ni son los gobiernos", ha afirmado. De hecho, ha lamentado las "no actuaciones" del Gobierno español en este asunto, que ha calificado de "graves", ya que hay tres ciudadanos españoles que han sido "víctimas de un ataque en aguas internacionales" que cuenta con ingredientes que "daban pie más que de sobra para que el Estado hubiera intervenido de oficio".
Uno de los abogados que ha participado en la redacción de la querella, Enrique Santiago, ha denunciado que las personas que viajaban a borde de los barcos de la flotilla, tanto el personal civil, como el humanitario como "especialmente los periodistas" y los tres activistas españoles, estaban "internacionalmente protegidas" y, en cambio, fueron objeto de "un asalto violento con implicación desproporcionada de la fuerza, con ejecuciones extrajudiciales y con torturas". Delitos que, además, ha insistido, se realizaron en el contexto de los "crímenes de lesa humanidad y de guerra que se están realizando contra la población de los territorios palestinos ocupados".
Santiago ha explicado que en un principio la querella, la primera que se presenta en toda Europa, se ha presentado contra siete ministros del Gobierno israelí y un alto mando militar, pero no ha descartado que "más adelante, a la vista de la investigación" se amplíe "contra todas aquellas personas, funcionarios del Gobierno israelí, civiles o militares, que hayan tenido responsabilidad en la puesta en marcha de este plan militar en la ejecución de gravísimos delitos".
En principio, la causa se podría acoger al principio de jurisdicción universal, que fue limitado durante la tramitación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la puesta en marcha de la Nueva Oficina Judicial, dada la existencia de víctimas españolas y la ausencia de una investigación en otro país.
