La organización internacional de defensa de los derechos Human Rights Watch (HRW) condenó hoy las decisiones del Gobierno israelí de "cerrar" o "rodear" barrios palestinos de Jerusalén Este, porque en su opinión afectará a la libertad de movimiento de toda su población sin resolver un problema específico.
"Cerrar los barrios de Jerusalén Este violará la libertad de movimiento de todos los palestinos residentes sin ser una respuesta adecuada a una preocupación específica", dijo la directora para la zona de la organización, Sari Bashi, en un comunicado.
A decir de la ONG, los controles que Israel colocará a las entradas de esos barrios son "una receta para el acoso y el abuso".
El Gobierno israelí decidió la pasada madrugada aplicar una serie de medidas preventivas en los barrios de Jerusalén Este, que Israel ocupa desde 1967, a raíz de la ola de violencia que sacude la región desde el pasado 1 octubre, en la que ya han muerto 7 israelíes y una treintena de palestinos, once de ellos tras perpetrar o intentar cometer atentados, según fuentes policiales.
Entre las más polémicas, por sus connotaciones políticas y para los derechos civiles, están las de "cerrar" las poblaciones palestinas de la parte oriental de la ciudad, destruir las casas de "terroristas" sin permitir que puedan ser reconstruidas y la revocación de la residencia y otros derechos básicos de los que disfrutan por su estatus de residentes en Jerusalén.
Según el diario Yediot Aharonot, 16 de los 26 atacantes de la ola de apuñalamientos, atropellos y ataques con arma de fuego de los últimos catorce días eran de Jerusalén Este, lo que les ofrece la posibilidad de desplazarse por todo el territorio israelí.
Bashi destacó en ese sentido que, si bien la actual ola de violencia representa "un reto para cualquier fuerza policial", "exacerbar la política de castigos de destruir sus viviendas es una medida ilegal y desconsiderada".
La destrucción de viviendas familiares de los atacantes fue una medida que Israel puso en práctica durante años en la segunda intifada, pero acabó cancelándola por las protestas de ONG internacionales y locales, los interminables recursos ante el Tribunal Supremo y el efecto bumerán que tenía entre los palestinos.
Netanyahu y su Ejecutivo han ordenado también incrementar aún más la dotación policial, reforzar la seguridad con seis compañías del Ejército, y destinar 80 millones de shékels (unos 18 millones de euros) para reclutar 300 guardias adicionales para proteger el transporte público en Jerusalén, tras dos ataques en autobuses este lunes y martes.
