Grecia vivió hoy la enésima huelga contra las reformas que desde hace seis años aplican los sucesivos Gobiernos a cambio de la ayuda internacional, y como viene siendo habitual, las movilizaciones tuvieron un impacto limitado en el quehacer cotidiano de este país.
En esta ocasión, el paro de 24 horas no era en rigor una huelga general, sino solo del sector público, si bien se sumaron a él los medios de comunicación, los médicos privados, las ambulancias, los abogados y, por primera vez en años, los controladores aéreos.
La participación de los controladores aéreos fue la diferencia más visible respecto a otras movilizaciones, pues la cancelación de prácticamente todos vuelos tuvo un impacto que trascendió las fronteras.
Desde la medianoche del miércoles (21.00 GMT) hasta la misma hora de hoy el tráfico aéreo ha quedado casi completamente suspendido y solo se han mantenido siete vuelos internacionales y operaciones aéreas de urgencia.
La huelga había sido convocada en esta ocasión sólo por el sindicato del sector público, ADEDY, mientras que el del privado, GSEE, anunció que próximamente hará su propio llamamiento.
En la manifestación celebrada en el centro de Atenas participaron apenas unas 4.000 personas, un seguimiento claramente inferior a los entre 40.000 y 100.000 -dependiendo de las fuentes- que acudieron a la concentración celebrada en la primera huelga general de este año, celebrada en febrero.
Las imágenes, en cambio, sí fueron idénticas a las de manifestaciones anteriores: gritos y pancartas contra las sucesivas políticas de austeridad, contra el Gobierno de Alexis Tsipras y contra los acreedores internacionales que conforman la denominada cuadriga (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional).
El principal blanco de esta protesta era la reforma de pensiones que está negociando el Gobierno con la cuadriga dentro del tercer programa de rescate.
Reosili, una funcionaria municipal de 50 años, presente en la manifestación explicó a Efe que con las medidas que quiere aprobar el Gobierno nunca podrá jubilarse, pues tiene a sus tres hijos en el paro y ni siquiera un piso en propiedad.
Fuentes gubernamentales señalaron a los medios locales que en la negociación sobre las pensiones ha habido avances, pero que aún quedan algunos flecos pendientes.
Aparentemente Atenas y la cuadriga han acordado que la pensión base estatal será de 384 euros, cuantía que tan solo se obtendrá después de un mínimo de 20 años trabajados.
Los que hayan trabajado solo 15 años -el mínimo que regía hasta ahora para tener derecho a pensión- cobrarán 345 euros.
Sin cerrar continúan las dos principales divergencias dentro de esta parte de la negociación, es decir, los coeficientes reductores que se aplicarán a los que en el futuro se jubilen anticipadamente, y el tijeretazo que sufrirán las pensiones suplementarias.
Expertos en materia de seguridad social citados por los medios locales calculan que el recorte de estas segundas pensiones -que suponen el tercio del total de la pensión- podría alcanzar hasta el 40 %.
Las protestas de hoy también se dirigían contra el nuevo aumento de la presión fiscal que deberán afrontar los ciudadanos a cambio de que Grecia pueda recibir el aprobado de los acreedores.
Grecia se ha comprometido frente a los acreedores a acometer hasta el año 2018 una serie de medidas presupuestarias por un total de 5.400 millones de euros, lo que equivale al 3 % del Producto Interior Bruto (PIB).
De este total, 1.800 millones provienen de la reforma de la seguridad social, y el resto de la reforma del IRPF y de subidas de los impuestos indirectos.
Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, que se ha convertido en el principal quebradero de cabeza para el Gobierno de Tsipras, pese a ser el único que pide una quita de la deuda, pone en duda que las medidas propuestas por Atenas en materia fiscal sean suficientes para ingresar, en 2018, 1.800 millones de euros -o un 1 % del PIB- adicionales.
El ministro de Finanzas, Euclides Tsakalotos, se mostró el miércoles por la noche confiado en que hasta el domingo podrá haber dos documentos por separado, uno para el FMI y otro para los acreedores europeos, en los que se recojan los puntos en los que se ha llegado a un acuerdo preliminar.
