El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU insistió hoy en que aplicará la polémica orden del presidente Donald Trump que veta temporalmente la entrada de refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, aunque cumplirá los fallos judiciales en contra de esa medida.
"El Departamento de Seguridad Nacional continuará haciendo cumplir todas las órdenes ejecutivas del presidente Trump de una manera que asegure la seguridad del pueblo estadounidense", afirmó el DHS (siglas en inglés del Departamento) en un comunicado.
El magnate ha causado una enorme polémica y confusión, dentro y fuera de Estadios Unidos, con la orden ejecutiva que firmó el pasado viernes para luchar contra el terrorismo yihadista.
El decreto ley suspende tanto la entrada de todos los refugiados durante 120 días como la concesión durante 90 días de visados a siete países de mayoría musulmana con historial terrorista -Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán- hasta que se establezcan nuevos mecanismos de escrutinio.
Ese veto provisional provocó ayer el caos y la indignación en medio mundo, mientras numerosos viajeros veían bloqueado su acceso a territorio estadounidense y se producían protestas en varios aeropuertos del país.
Una jueza federal bloqueó ayer a última hora parte del polémico veto, en respuesta a una demanda de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU) contra la orden ejecutiva de Trump que puso en dudad su constitucionalidad.
La jueza Ann M. Donnelly, del Tribunal del Distrito Federal de Brooklyn (Nueva York), dictó que los refugiados u otras personas afectadas por la medida y que han llegado a aeropuertos estadounidenses no pueden ser deportados a sus países.
Tras el dictamen de la magistrada, jueces federales en Virginia, Seattle y Boston tomaron decisiones similares.
El DHS indicó hoy que el Gobierno "cumplirá los mandatos judiciales", si bien reiteró que las órdenes ejecutivas de Trump continúan vigentes, de modo que "los viajes prohibidos seguirán prohibidos".
"El Gobierno de EEUU se reserva el derecho de revocar visados en cualquier momento si es necesario por la seguridad nacional", subrayó el comunicado.
El polémico decreto de Trump, enfatizó la nota, "afecta a una pequeña porción de los viajeros internacionales y es un primer paso hacia el restablecimiento del control sobre las fronteras de EEUU y la seguridad nacional".
"Ningún nacional extranjero en suelo extranjero, sin vínculo con Estados Unidos, tiene un derecho sin restricciones para demandar la entrada en Estados Unidos o demandar prestaciones por inmigración en Estados Unidos", agregó la nota oficial.
