El Gobierno vasco pagará 225.076 euros a familiares de presos de ETA para sus desplazamientos a las cárceles, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rechazara la petición del Gobierno español de suspender de manera cautelar estas ayudas.

El Gobierno de Patxi López hará efectivo el pago de estas ayudas, que convocó el anterior Ejecutivo autonómico, pese a que su intención era anularlas.

El Gobierno español recurrió esta convocatoria y solicitó su suspensión cautelar, al entender que la ejecución de esas ayudas supondría una “trasgresión irreparable” a la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo.

El TSJPV no lo entendió así y denegó la suspensión cautelar de la convocatoria de las ayudas. El Alto Tribunal justificó su decisión al considerar que aunque en la mayoría de los casos tales ayudas irán a familiares del “círculo etarra”, “ello no entraña necesariamente una legitimación ética, social y política del terrorismo”.

El Boletín Oficial del País Vasco publicó ayer la resolución por la que se hace pública la relación de los más de 250 beneficiarios de las subvenciones concedidas al amparo de la orden de 4 de marzo de 2009, aprobada por el Ejecutivo de Ibarretxe.

La orden de convocatoria se aprobó dos meses antes de la entrada del Ejecutivo de López y la cuantía de las ayudas asciende a 225.076 euros.

Por su parte, el coordinador general de Aralar, Patxi Zabaleta, afirmó ayer que el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, “ya ha superado todos los límites” para deslegitimar a ETA y opinó que la prohibición “sistemática” de manifestaciones está conculcando el derecho de libre expresión de los ciudadanos.

El responsable de la formación abertzale hizo estas consideraciones en una rueda de prensa en la que mostró su preocupación y “total desacuerdo” con el camino emprendido por el Gobierno vasco.
 
El departamento dirigido por Ares prohibió en este periodo varias manifestaciones, entre ellas las que se habían convocado con ocasión de las fiestas de San Sebastián y Bilbao.

Para Zabaleta, tanto la prohibición de manifestaciones convocadas por la izquierda abertzale como la retirada de fotos de presos no aportan nada a la solución al conflicto.