La Junta de Andalucía ha constatado la semana pasada que han caído las hospitalizaciones de ancianos tras la vacunación en residencias. La incidencia, igualmente, se reduce drásticamente: la cifra de contagios en los últimos catorce días ascendían a 78, mientras que en la última semana, se rebajaba a quince en la región. Martín Durán, presidente de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) se felicita por los datos, pero advierte de que “no podemos bajar la guardia”. “A día de hoy sabemos que el fármaco no impide el contagio ni la transmisión del virus, solo minimiza su impacto”, explica. Por ello, reitera una vez más la necesidad de que se modifiquen los protocolos de actuación ante brotes en estas instalaciones. “La tasa de letalitad en las residencias medicalizadas entre el 1 de marzo y el 11 de enro se sitúa en el 22,74%; casi cuatro puntos más que el total acumulado en el conjunto del sistema”, sostiene, esgrimiendo los datos facilitados por el Gobierno autonómico a través del Portal de Transparencia. “Lo adecuado es derivar a los afectados por Covid a centros intermedios y gestionados por el sistema sanitario”, agrega.
“La vacunación tampoco puede suponer el punto final al debate sobre el modelo residencial”, advierte, por su parte, María Luisa Cid, integrante del Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (Madpp). En un reciente informe elaborado por su organización, en colaboración con FOAM, sugiere que “las dramáticas experiencias se podrían haber minimizado con centros residenciales de mayores mejor dotados y con recursos sufientes” y que, en cualquier caso, “las carencias no son recientes, sino que vienen de lejos y se han manifestado cuando la pandemia ha tensionado el sistema”. En este sentido, el estudio recuerda que la Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja una ratio de cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años pero Andalucía solo dispone de 3 y provincias como Málaga, Cádiz y Sevilla, la mitad de lo recomendable.
Además, advierte Cid, el servicio “se ha convertido en un negocio”. “Grandes multinacionales, fondos de inversión de capital de riesgo, asegureadoras, constructoras y corporaciones participadas por grandes fortunas han aterrizado oliendo el negocio que supone el déficit de plazas y la inyección de dinero público a través de plazas concertadas con las diferentes administraciones autonómicas”, asegura. En Andalucía, el 76,82% de las residencias son privadas; en Cádiz, el 73,91%. Empresas como Domusvi (perteneciente al fondo Intermediate Capital Group y SRS), Vitalia Home (CVC Capital Parners), Clece, de Florentino Pérez, o fundaciones como Gerón se reparten el pastel y se beneficiarán, además, del gasto de la Junta de casi 850 millones de euros hasta 2023 para la concertación de plazas para la atención residencial y servicio de centro de día y de noche para personas mayores en situación de dependencia.
“Tenemos residencias muy bonitas por fuera cuyo interior no es el más adecuado”, subraya. El informe en el que han participado tanto Cid como Durán plantea “un modelo de residencias sin masificar, sin rutinas tipo cuartel y evitando el aislamiento con la sociedad”. “Vamos a pasar de un modelo cuya atención está centrada en las necesidades y características de la persona a otro cuyo eje son las personas usuarias en la vida cotidiana y donde aspectos como sus derechos, preferencias y deseos adquieren un papel primordial”, defienden. Y esto, concluyen, “solo es posible con la gestión pública de todas las residenicas de titularidad pública”.
