El concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, y el diputado provincial de Cultura y portavoz del equipo de gobierno en la Diputacón, José Torrente, imputados tras ser denunciados por un letrado han defendido este viernes su actuación ante el Juzgado de lo Penal 5 de Granada, en una declaración prevista inicialmente para mayo pero que se adelantó a petición de los propios imputados.
Los dos cargos públicos fueron imputados por posibles delitos de prevaricación y revelación de secretos después de ser denunciados por supuestas irregularidades en un procedimiento administrativo que afectaba a un abogado del Ayuntamiento, que fue suspendido de empleo y sueldo durante tres años.
El jurista, según el procedimiento disciplinario que se abrió en su día, incumplió el régimen de incompatibilidades como funcionario municipal por ejercer la abogacía de forma privada sin la autorización pertinente.
En declaraciones a Europa Press, Torrente ha confiado en el archivo de la causa, al ser la única salida "lógica y sensata" en este asunto y ha explicado que su papel consistió en este caso "en aras de la colaboración leal entre instituciones" en hacer llegar al Ayuntamiento de Granada una sentencia del Consistorio de Soportújar en el que la defensa la realizaba un funcionario de la administración local de la capital.
El diputado, que no ve revelación de secreto alguno "en que una institución envíe una copia de la sentencia, ha criticado por otra parte el uso "torticero" de la administración justicia "para estas cosas".
De la declaración se ha pronunciado también este viernes el portavoz del equipo de gobierno local en el Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero, que ha defendido a su compañero de corporación por "velar" por los intereses de Granada, por lo que se ha mostrado "absolutamente convencido" de que la causa pronto será archivada.
Por otro lado, este viernes se han concentrado en el Ayuntamiento trabajadores municipales en apoyo al denunciante, antiguo asesor legal del Área de Urbanismo, expedientado con suspensión de empleo y sueldo durante tres años, lo que para los convocantes es un "castigo" injusto y "desproporcionado".
Según los representantes sindicales, el concejal de Personal del Ayuntamiento de Granada, Juan Antonio Fuentes, fue denunciado por el trabajador afectado, "al que además pretendía despedir", y fue posteriormente, imputado, por acceder de manera presuntamente ilegal a los datos personales del trabajador, utilizando para ello supuestamente a la Diputación Provincial de Granada.
Para los trabajadores municipales, la sanción de M. Navarrete es "injusta y totalmente desproporcionada", y lo consideran un "castigo" del concejal.
