UPyD en Granada se ha retirado este lunes del juicio por la denuncia presentada contra las bases que estableció el Ayuntamiento de la capital para un proceso de conversión de 30 laborales fijos en funcionarios municipales por la falta de fondos, ya que la portavoz del partido, Mayte Olalla, tendría que haber asumido las costas judiciales si hubiese habido condena.

   Así lo ha anunciado el propio partido a través de nota de prensa aunque, según ha comentado la aún concejal en el Consistorio capitalino, la Ley "deja muy claro" que hay "unos temas mínimos por cada categoría de plaza que no se están cumpliendo y de los que tampoco se examinaron estas personas cuando accedieron a laborales".

   La edil ha cuestionado, asimismo, que sea "legal" una prueba no objetiva que "es lo que se pretende que estas personas hagan para aprobar, un trabajo hecho en casa".

   UPyD ha asegurado que han sido muchas las personas y medios que "han reconocido la labor de este partido en la lucha contra la corrupción" y se han ofrecido para "sufragar los gastos que esto genere, y por tanto el partido está valorando sí seguir adelante o no con las diferentes causas".

   Olalla ha declarado que tenían que decidir si seguir o no en este caso y aunque se han mostrado "seguros de tener razón", si condenasen en costas la portavoz tendría que asumirlo de forma personal "por lo que al final han tenido que desistir" aunque ha subrayado que espera que el próximo equipo de gobierno "eche para atrás este proceso del todo irregular".