El grupo del PP en la Diputación de Granada afirma que los municipios de la provincia no han entrado en el reparto de 2,5 millones de euros dentro del presupuesto global para las Inversiones Financieramente Sostenibles porque el gobierno socialista de la institución ha sido "incapaz de gestionarlos".
La portavoz adjunta del grupo popular en la Diputación, Inmaculada Hernández, ha precisado en rueda de prensa que de los 10 millones de euros de subvenciones para las Inversiones Financieramente Sostenibles que se iban a repartir en la provincia han sobrado 2,5 que no se han repartido.
Ha resaltado los casos de Baza, Alfacar y Cúllar Vega, con regidores y concejales que forman parte del equipo de gobierno de la Diputación y que "a pesar de tener información de primera mano y ventaja respecto a otros alcaldes", se han quedado fuera del reparto por presentar sus ofertas fuera de plazo. A ello ha sumado supuestas irregularidades en la tramitación de las Inversiones Financieramente Sostenibles.
Afirma que en el primer reparto, cuando muchos pueblos se quedaron fuera por no cumplir los requisitos fijados en las bases de la convocatoria, el asesor del presidente, "cargo nombrado a dedo", "llamó a los interventores y secretarios de los ayuntamientos afectados para citarlos a una reunión en la que les dio un recurso con las líneas fundamentales de cómo tenían que recurrir contra la Diputación para estar dentro de la convocatoria".
Otro hecho "insólito" a juicio del PP es que el gobierno de la institución haya "cuestionado" la comisión técnica que "ellos mismos formaron" para el análisis de los proyectos". "Como los técnicos de esta primera comisión no se prestan a cambiar los papeles, pues José Entrena ordena crear una segunda comisión y, al margen de la primera y ya con funcionarios afines, revisa el trabajo de los técnicos anteriores y resuelve los proyectos a seleccionar 'con criterio separado'. Hecho que nos parece absolutamente reprobable", ha detallado Inmaculada Hernández.
El grupo popular en la Diputación lo ha considerado una "aberración jurídica, cuanto menos inmoral y una falta de respeto hacia la Diputación, los funcionarios y los alcaldes".
