La Plataforma SOS Alhambra ve posibles "responsabilidades penales" en el encargo que se realizó en su día para que se redactara el proyecto del Atrio, de nuevos accesos al monumento nazarí, a tenor de la "elevada protección" a la que está sometido el recinto y advierte de que "intentar cambiarlo por otro más pequeño" puede ser un acto que "caiga dentro de la órbita de la prevaricación administrativa".
Tras analizar el informe emitido por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), que pidió detener el proyecto por considerarlo "demasiado invasivo", la plataforma concluye que se "ha gastado dinero público" en algo que "estaba prohibido".
Lo justifica en que, según interpreta del informe, la Alhambra está "blindada" desde 1984, protegida como corresponde a un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad, "hasta el punto de que la edificación, cualquier edificación, infringe las normas de extrema protección a las que el edificio y su entorno están sometidas", sostiene el colectivo en una nota.
Así, consideran "inconcebible" que ahora "se pretenda justificar" el gasto de más dinero público para "reconducir" la situación considerando que "otro Atrio sí sería posible", insistiendo "en edificar donde está prohibido con carácter irreversible".
Advierten en este sentido de que invertir "dinero público a nuevos proyectos que sigan sin respetar la declaración patrimonial, que pretendan infringir la normativa de protección, que justifiquen el dinero anteriormente gastado o que pretendan invadir de facto el espacio o el entorno de la Alhambra son por sí mismos presuntas acciones penalmente punibles tanto si vienen del sector público como del privado".
Para la Plataforma SOS Alhambra, "la situación de alarma es tan intensa que está valorando la conveniencia de la posible judicialización de este asunto", al entender que se está poniendo "en riesgo la pervivencia del monumento histórico de propiedad universal y su conversión en un mero atractivo turístico privatizado".
"DEMASIADO INVASIVO"
La Consejería de Cultura anunció el pasado 21 de diciembre su decisión de que el proyecto del Atrio de la Alhambra "no se lleve a cabo", después de que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), máxima autoridad en materia de patrimonio mundial, lo considerara "demasiado invasivo" y pidiera "detener la propuesta".
El Patronato de la Alhambra remitió en su día a Icomos Internacional, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, toda la documentación necesaria, tanto en español como en inglés, para que este organismo pudiera valorar el proyecto.
En las conclusiones de su informe, el organismo internacional pide "detener la propuesta del proyecto para reconsiderarlo de forma completa".
Expone Icomos que es "demasiado invasivo y que probablemente tendrá un impacto negativo en el Valor Universal Excepcional del Bien Patrimonio Mundial".
Este organismo considera que en su estado actual, el proyecto propuesto incluye estructuras para albergar funciones y servicios que podrían situarse "en edificios existentes o en otro lugar" y aboga por reconsiderarlo, acompañando esta reflexión por un proceso de Evaluación de Impacto Patrimonial, según las recomendaciones de Icomos sobre las Evaluaciones de Impacto Patrimonial para Bienes del Patrimonio Mundial Cultural.
