El Ayuntamiento de Granada, que ejerce la acusación particular en la causa, ha solicitado la pena de cuatro años de prisión y 13 de inhabilitación especial para el exalcalde de la ciudad, José Torres Hurtado (PP), por un presunto delito de fraude en la contratación y otro de tráfico de influencias en el llamado 'caso Serrallo'.
Así consta en el escrito de acusación provisional que el Ayuntamiento de Granada, ahora gobernado por el PSOE, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción 2 de Granada solicitando la apertura de juicio oral contra un total de ocho personas. Entre ellas se encuentran la exedil de Urbanismo Isabel Nieto (PP), para la que pide cinco años y medio de cárcel; los funcionarios que integraban la cúpula de Urbanismo y un promotor.
La causa está vinculada a la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del plan general junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, pese a que supuestamente sólo podría crearse un parque de atracciones infantil.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el consistorio ha fijado en 2,05 millones de euros los perjuicios económicos que esta operación urbanística causó a la ciudad y, además de la indemnización, solicita la demolición de las instalaciones irregularmente construidas y la nulidad de todas las licencias que se han concedido.
El consistorio no acusa, sin embargo, a los concejales del PP que, el 26 de julio de 2012, apoyaron en Junta de Gobierno Local un cambio de usos y horarios en estas instalaciones y que sí han sido procesados por el Juzgado de Instrucción por un presunto delito de prevaricación urbanística, seis de los cuales aún forman parte del grupo municipal.
Para el Ayuntamiento las ocho personas a las que acusa "han permitido finalmente una perversión grande del uso del sistema general de espacios libres adscrito a la UE-1 y un perjuicio enorme para el interés general de la ciudad de Granada", para lo que ha sido necesaria una acción "conjunta y prolongada" en diversos ámbitos.
Solicita así que se abra juicio oral por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo; fraude en la contratación y tráfico de influencias, solicitando penas de entre seis y un año y medio de prisión.
Concretamente, para la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto pide cinco años y medio de cárcel, 23 años de inhabilitación y multa de 36.000 euros. Para el promotor Roberto García Arrabal solicita seis años de prisión, multa de 108.000 euros y 20 años de inhabilitación.
A los distintos funcionarios vinculados a la causa les atribuye un delito continuado contra la ordenación del territorio y solicita un año y medio de prisión para cada uno de ellos. Se trata del exdirector general de Licencias de Urbanismo; el excoordinador de Urbanismo y Obras; la exdirectora general de Urbanismo y el que fuera arquitecto jefe.
Eleva la pena para Manuel Lorente, el exdirector del Obras, para el que solicita cinco años y medio de prisión y trece años de inhabilitación. En calidad de responsables civiles o partícipes a título lucrativo, el Ayuntamiento acusa a los representantes legales y administradores de las sociedades Taler Real State S.L.; Multiaventuras Serrallo Plaza S.L.y 683 Upper Club S.L.
