La Diputación de Granada ha pedido a los tribunales que unifiquen criterios sobre el sistema de tratamiento de residuos y ha asegurado que cumplirá las resoluciones judiciales siguiendo las indicaciones de los técnicos de la institución y de acuerdo con todos los grupos políticos de la corporación.

Esta solicitud se produce después de que una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia andaluz haya establecido que el Reglamento del Tratamiento de Residuos es válido y ajustado a derecho, pero obligue a la institución a hacerse cargo de este servicio en los municipios menores de 5.000 habitantes.

La diputada de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, ha comparecido hoy junto al responsable de Recursos Humanos, Economía y Patrimonio, Manuel Gómez, y ha dicho que el fallo es contradictorio con otras resoluciones del propio TSJA, en concreto la que declaró ilegal y anuló la tasa que el anterior gobierno del PP impuso a los ciudadanos para financiar el coste del servicio.

Por todo ello, los servicios jurídicos de la Diputación han solicitado una aclaración de sentencia.

"Consideramos esencial un pronunciamiento del alto tribunal andaluz para que, en todo caso, unifique criterios sobre el sostenimiento del servicio, de forma que todos los ciudadanos tengan un mismo trato por respeto al principio de capacidad económica e igualdad fiscal", ha manifestado.

La diputada ha recordado que la situación actual tiene su origen en la decisión "errónea y malintencionada" del anterior gobierno del PP que, primero disolvió el Consorcio para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), que formaban la Diputación y los municipios, para implantar después un sistema, declarado ilegal por los tribunales, que incrementaba el coste del servicio y obligaba a los ciudadanos a pagar una tasa anulada por resolución judicial.

"Aquella resolución nos obligó a replantear la gestión del servicio para arreglar el desaguisado que heredamos del PP y lo hicimos abaratando el coste del tratamiento de residuos rebajando el precio por tonelada de 32,61 euros a 23,16", ha explicado la diputada.

Ha subrayado que ello ha supuesto un ahorro a los municipios de más de 9,4 millones en los tres años de mandato.

"Lo que debemos de preguntarnos es por qué antes, con el gobierno del PP, el servicio costaba 3,3 millones de euros más de lo que cuesta ahora, nosotros lo hacemos mejor, lo hacemos más barato y lo hacemos con seguridad", ha agregado.

Por su parte, el diputado de Recursos Humanos y Economía ha afirmado que el equipo de gobierno provincial acatará lo que determinen los tribunales siempre, siguiendo las indicaciones de los técnicos de la institución y de acuerdo con todos los grupos políticos de la corporación.

"Si tenemos que rectificar lo haremos, siempre sobre la premisa de la igualdad de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes, si entendemos que esa es una competencia propia de la Diputación de Granada", ha señalado.

En este sentido, ha dicho que la Diputación asumirá el coste del servicio sin perjuicio de que en el futuro se estudien otras vías de financiación.