El presidente del PP de Motril (Granada) y diputado en el Congreso, Carlos Rojas, ha subrayado este lunes la "necesidad de reforzar" la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad por la "avalancha de pateras" y, a razón de ésta, por el "incremento" de servicios a cubrir por el cuerpo de seguridad.
Acompañado de la también diputada nacional Concha de Santa Ana, el popular se ha pronunciado así durante una rueda de prensa en la que se ha referido a la crítica lanzada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) el pasado día 10 que advertía de la marcha de 21 efectivos destinados en Motril desde verano.
Según ha explicado en un comunicado el PP, estos agentes llegaron en comisión de servicio como refuerzo por la Operación Paso del Estrecho y debido a la "avalancha de pateras" se habían quedado reforzando la seguridad en la ciudad para hacer frente a la "sobrecarga de trabajo", con más de 9.000 inmigrantes trasladados a Motril el pasado año.
No obstante, Rojas ha lamentado que el Gobierno ha decidido que a final de enero estos efectivos "se marchen", a pesar de que "son absolutamente necesarios para garantizar la seguridad del municipio". En este sentido, ha aseverado que actualmente la Comisaría de Motril tiene un catálogo de 167 agentes que está cubierto al 90,48 por ciento y actualmente faltarían 16 policías para tener el cien por cien.
"El propio sindicato sostiene que actualmente están saturados y Motril necesita al menos 60 agentes más", ha argumentado el popular, que ha aseverado que los policías llevan denunciando la falta de personal y efectivos "durante muchos meses". "Es de suma importancia frenar esta intención del Gobierno", ya que "no se puede permitir perder estos 21 agentes", ha subrayado.
A razón de esta afirmación, ha manifestado que su partido va a pedir en el Congreso de los Diputados que no se marchen estos efectivos y que "se refuercen", hasta cubrir el cien por cien necesario de la plantilla. "Los agentes tienen una sobrecarga de trabajo y la seguridad ciudadana es algo en lo que no se debe escatimar", ha apuntado Rojas.
También ha anunciado que su partido va a pedir próximamente a través de una iniciativa parlamentaria que la política migratoria que se desarrolle se haga "basada en la coherencia, la responsabilidad, la solidaridad, la cooperación con los países de origen y de tránsito", la defensa de las fronteras españolas y la coordinación con la Unión Europea para encontrar una solución conjunta al problema migratorio.
Rojas ha informado de que durante 2018 han sido un total de 160 pateras las que han llegado a Motril, con 9.486 personas abordo y en lo que va de año ya son 441 personas llegadas en seis pateras. "Es un número muy elevado y es necesario reforzar y apoyar tanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como a las instituciones que colaboran con estas personas haciendo una labor encomiable, como es el caso de Cruz Roja", ha afirmado.
SOLICITANTES DE ASILO E "INMIGRANTES ECONÓMICOS"
Por su parte, Santa Ana ha hecho hincapié en la utilidad de que la Unión Europea coopere con países de origen y tránsito para "que las personas y sus ciudadanos no se vean en la necesidad de emigrar a otros países".
Asimismo, ha enfatizado que "se hace muy necesario diferenciar bien" entre las personas con derecho a protección internacional que solicitan asilo y los "inmigrantes económicos", porque, en sus palabras, "es absolutamente vital hacer una política comunitaria rigurosa, responsable y de cooperación".
La iniciativa que han anunciado ambos diputados también recoge que se apoyen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como que se lleve a cabo "una migración segura, regular y ordenada de Naciones Unidas" y "que esté vinculada a un contrato de trabajo". En este punto, Santa Ana se ha referido a la importancia de que se defienda la institucionalización, la educación, la inserción laboral y la inmigración regulada, "invirtiendo en el desarrollo efectivo de los países emisores de migrantes".
Finalmente, ambos han pedido que mediante esta iniciativa se incremente el fondo especial que ha abierto el Gobierno para ayudar económicamente a los municipios y sus ayuntamientos receptores de inmigración.
