La presidenta de la asociación, Maribel Brenes, ha señalado que están en contacto con familias de víctimas de Almendralejo (Badajoz), donde se llevó a cabo el fusilamiento de más de mil personas tras la entrada de las tropas franquistas.
Este hecho es calificado como un episodio de “normalización democrática”, según ha explicado en rueda de prensa Emilio García-Wiedemann, portavoz de esta iniciativa que fue dada a conocer ayer a Jesús García Calderón, fiscal superior de Andalucía.
García Wiedemann ha precisado que la querella se presentará ante el Ministerio Público para que investigue si se hubiera producido alguno de los delitos de apología del genocidio especificados en los artículos 510 y 607 del Código Penal, y que esta iniciativa está a la vez amparada por la Ley de Memoria Histórica.
Según ha explicado este catedrático de la Universidad de Granada, que ha señalado que la plataforma de profesores e intelectuales promotores de la denuncia cuenta ya con 350 firmas de apoyo, la libertad de cátedra no puede servir “para ensalzar, encubrir o dulcificar aquello que fue un genocidio”.