Desde el Partido Popular han emitido un comunicado en el que se quejan de que se encargue a un privado la redacción del documento sobre el Plan del Casco Histórico. Dicen así: "El Plan Especial del Conjunto Histórico es una norma jurídica, es “una ley”, que regula muchos aspectos de la propiedad de los inmuebles que quedan en su ámbito de aplicación. Por ello
desde el Parido Popular creemos que la promoción de la misma ha de ser estrictamente pública, porque es ésta la única manera de garantizar la ausencia de interferencia de intereses privados que no tienen por qué corresponder con el interés general de todos los rondeños.
No hace mucho tiempo hemos sufrido en Ronda las consecuencias de la anulación de la contratación del Equipo Redactor el PGOU, que ha supuesto un enorme parón en el urbanismo de
nuestra ciudad; hemos de ser por ello especialmente escrupulosos en todo lo que se refiere a la transparencia en la contratación y salvaguarda de los intereses generales en la ordenación del territorio.
Por ello, el Grupo Popular no está de acuerdo con que a una entidad perteneciente a un banco -propietaria de distintos inmuebles en el ámbito del Conjunto Histórico-, se le encargue desde
el Ayuntamiento la redacción del Plan Especial; y ello entre otros, por los siguientes motivos:
-El equipo de gobierno no puede hacer dejación de sus funciones, encargando la redacción de una norma urbanística a una entidad privada perteneciente a un Banco, en lugar de estar
especialmente vigilante en que tal actuación se realice sin interferencia alguna de intereses particulares que, aunque legítimos, son ajenos al interés general.
-Según respuesta del Delegado de Urbanismo a preguntas formuladas por escrito por el
Grupo Popular, no existe ningún convenio que sustente el “encargo” efectuado por el Ayuntamiento a un particular, por lo que no existen informes emitidos por los servicios técnicos municipales.
Desconocemos –porque no se ha informado al Grupo Popular- el contenido del acuerdo, ni sabemos si éste es escrito o verbal, las personas que han intervenido en el mismo en representación de cada parte, ni tampoco qué procedimiento se ha seguido en el encargo efectuado, si es que se ha seguido
alguno.
-La Fundación bancaria a la que se ha encargado la redacción del documento es propietaria de distintos inmuebles en el Conjunto Histórico, cuyos usos pueden ser cambiados con esta norma.
Entendemos que puede existir un conflicto de intereses confiando la redacción de una norma -de “una ley”- a una fundación bancaria que tiene intereses económicos en el conjunto que va a ser regulado.
-Por parte del Delegado se nos ha informado que la fundación bancaria ha contratado directamente al equipo redactor, cuestión ésta con la que no podemos estar más en desacuerdo.
Entendemos que corresponde a la Corporación Municipal la contratación de estos profesionales, no sólo por razones de transparencia económica, sino también, y principalmente, de control público en la idoneidad profesional. No se trata ya que estemos ante ese “urbanismo a la carta” tan denostado no hace mucho por los Partidos que integran el tripartito: más bien al contrario, a todos los rondeños se nos está poniendo encima de la mesa el “menú del día” elaborado fuera de la administración pública.
Por último, hemos de destacar la absoluta falta de transparencia con que se ha realizado toda esta actuación: precisamente y como consecuencia de la pregunta formulada por el Grupo Popular mediante escrito de 8 de mayo de 2018, el Delegado de Urbanismo convocó una rueda de prensa el mismo día que nos dio traslado de su respuesta por escrito.
