Que una ciudadana de San Fernando asuma la loable defensa de los animales anunciando en su perfil de Facebook que varios gatos se encuentran atrapados en el antiguo edificio de la Cruz Roja, es algo normal en las redes sociales, así como los comentarios de los usuarios de la red que se solidarizan con la situación contada, aunque tal situación sólo se dé por cierta al creer que quien realiza la denuncia la ha contrastado.
Pero que políticos municipales, concejales de la Corporación que conocen el estado del edificio, den pábulo a una noticia que anuncia el inminente derribo del edificio con los gatos dentro, sin antes hablar con el Ayuntamiento, demuestra como mínimo el nerviosismo de los políticos en época preelectoral, porque se les supone conocedores de la situación del inmueble.
Esto es, que se trata de un edificio con un NIvel 1 de protección dentro del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico (Peprich), que el Ayuntamiento, en el Pleno, ha llevado a cabo el proceso de expropiación del inmueble precisamente por su catalogación que hace imposible derruirlo y que incluso ya están perfilados los usos que se le darán.
Es verdad que en casos excepcionales se permite el derribo de un edificio protegido ante la imposibilidad de rehabilitarlo sin peligro para los trabajadores, sobre todo después de haber ocurrido en La Isla otro caso como fue la caída de un muro del desaparedido Mesón del Duque sobre una mujer embarazada, muro que Patrimonio no permitía tirar.
Pero nadie ha preguntado en el Ayuntamiento antes de opinar. Los responsables públicos ni siquiera se han pasado por las inmediaciones de la calle Real para ver que sólo se han cercado los cierros del primer piso para evitar que tiren basuras en el interior e incluso que se les dé de comer a los gatos. Que obviamente pueden salir y entrar a su antojo, que para eso son gatos.
Por si esto fuera poco, llama aún más la atención que el delegado del Gobierno en Andalucía, Fernando López Gil, haya hecho un requerimiento oficial de la Delegación al Ayuntamiento -que incluso ha colgado en su cuenta de Twitter- basándose en las denuncias que han llegado a su departamento. En las denuncias en las redes sociales se dice poco más o menos que van a meter una pala excavadora para tirar el edificio con los gatos dentro, aprisionados por la decisión del Ayuntamiento.
El propio Fernando López Gil -supuestamente porque aparece el correo del portavoz del PSOE, aunque habla en nombre del delegado del Gobierno- ha aclarado a este redactor en tono no excesivamente conciliador que su obligación es la de realizar el requerimiento una vez que se ha registrado una denuncia en Protección Animal, además de aclarar que él no ha dicho nada sobre tirar el edificio (de ahí que se haya rectificado el párrafo anterior que da lugar a malas interpretaciones).
Lo que se puede entender ridículo es que todo un delegado del Gobierno utilice su cuenta particular de una red social para dar a conocer un documento enviado a otra Administración antes de que ésta haya contestado y aclarado su proceder en la antigua sede de la Cruz Roja. Y en el caso de que procediera difundir un documento oficial en una cuenta particular -lo cual no entra dentro de ninguna lógica-, dar a conocer la respuesta recibida a la misma vez.
