La concejal del Partido Popular (PP) de San Fernando, María del Carmen Roa, ha pedido al Ayuntamiento que explique los motivos por los que se ha paralizado nuevamente el contrato con el que se persigue unificar la gestión de las instalaciones deportivas municipales.
“Tenemos constancia de que la tramitación de este contrato está nuevamente en punto muerto, lo que genera mucha incertidumbre sobre la gestión del gobierno de Patricia Cabada y Fran Romero, y de manera especial crea malestar en el medio centenar de trabajadores del Patronato de Deportes”
Roa recordó que desde el PP “nos hemos opuesto al planteamiento que le ha dado el gobierno municipal a la unificación de los contratos del área de Deportes. No nos gusta que este contrato que ha pergeñado este gobierno no garantice un funcionamiento diferente de la situación actual, que no es, evidentemente, la que demandan los usuarios”.
El PP ha cuestionado en numerosas ocasiones la gestión caótica que sufren las instalaciones deportivas, y como prueba de ello es que los servicios se cubren con hasta once contratos y nueve empresas.
Para acabar con esta situación, los populares ya propusieron la disolución del Patronato Municipal de Deportes y Juventud, para convertir su estructura en un Área o Servicio Municipal. Todo ello por la falta de autosuficiencia, y su dependencia absoluta del Ayuntamiento, ya que no dispone de autonomía financiera, “lo que demuestra que no es un Organismo Autónomo”.
Por su parte, la propuesta del gobierno local, anunciada hace ahora tres años, era la redacción de un contrato único que aglutinara las diferentes labores que se desarrollan en las instalaciones deportivas con distintos contratos y a los trabajadores que las desempeñan.
María del Carmen Roa recordó que la única pretensión del PP es que se solucione la actual situación “porque está pasando factura a los trabajadores y a los propios usuarios” , algo que la plica para la adjudicación del servicio que ha elaborado el PSOE y sus socios del PA “no va a conseguir, puesto que resulta muy sospechoso y perjudicial para los intereses generales de la ciudad que se permita la subcontratación de servicios públicos sin el control municipal. Los problemas de coordinación y organizativos son un problema del gobierno de La Isla no de las empresas”.
