“Más de un año de solicitudes,recursos,requerimientos e incluso acercándonos a las puertas de su judicialización, Defensa no aporta documento alguno que acredite la titularidad de los frentes marítimos-terrenos de Camposoto. Sólo dice que el mar lo dejó al descubierto e hicieron uso de él, en 1859”.

Es la respuesta del Ministerio de Defensa al largo contencioso presentado por el partido político local 3R que con la primera respuesta seria sobre el asunto procederá al estudio del documento que en principio no considera concluyente

Tal documento ha sido  aportado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado y que firma el general de Division y director general de Infraestructuras del Ministerio de Defensa, Luis Cebrián Carbonell.

Según 3R, el  Ministerio de Defensa no aporta documento alguno sobre la titularidad de los terrenos donde está el campo de tiro fusil de la plara.  “Sólo indica que en 1859, los terrenos quedaron exentos por el mar y pasaron a poseerse y utilizarse”

Posteriormente por Acuerdo de la Dirección General de Patrimonio del Estado-Ministerio de Hacienda comunicado con fecha 15 de junio de 1976, se levantó acta de ejecución de tal acuerdo de afectación al dominio público militar el 25 de junio de ese mismo año 1976.

“Y ahí queda todo. Bueno, nos recuerdan que en el año 2009 se liberó, tras realizar las oportunas labores de desmilitarización de los terrenos, parte de la playa del Castillo (o de Camposoto) hasta el caño de Sancti Petri, en el término municipal de San Fernando”.

Se trata de “terrenos liberados que forman parte del dominio público marítimo-terrestre y que fueron entregados, mediante mutación demanial, al entonces Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino”.
 3R, como se menciona al inicio, procederá al estudio y análisis de este documento, que “a priori ostenta orfandad documental, altamente concluyente y como preliminar los bienes demaniales son inalienables, inembargables e imprescriptibles y por tanto no son susceptibles de adquirir mediante usucapión”.
   
 Derecho de usucapión
La usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, es un modo de acceder a la propiedad de una cosa mediante la posesión continuada de los derechos reales durante el tiempo que establece la legislación.

O dicho de forma que lo entienda todo el mundo, unos terrenos no se pueden ocupar cuando quedaron libres del mar y adueñarse de ellos  devengando títulos y derechos de propiedad algunos.

En este aspecto, la ocupación del DPMT difiere de otras formas contempladas en la legislación actual.

Como se recordará y ha venido informando este periódico, 3R pidió primero al Ministerio de Defensa que en atención a los servicios prestados por la ciudad a las Fuerzas Armadas, procediera a desafectar terrenos para el uso civil en la franja marítimo-terrestre de la zona denominada Camposoto.

Esa petición no fructificó por la oposición a la demanda por parte de la Dirección General de Armamento. “Pensamos que igual el verbo era  el exigir”, por lo que empezó una larga caminata desde julio de 2019, demandándole a la Administración General del Estado, a través de su portal de Transparencia y la Dirección General de Gobernanza Publica del Ministerio de Política Territorial que se acreditara y aportaran cuantos documentos fueren necesarios para avalar la propiedad de los mencionados terrenos.

Esa petición también se cursó a la Unidad de Transparencia del Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa nunca respondió a lo que se le preguntaba, sino que respondía de que los inmuebles de sus cuarteles, eran de su propiedad, “algo que nadie le había solicitado”.

Dado la “evidente disparidad entre lo que se preguntaba y lo que se respondía, 3R planteó la intervención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado, que tras meses de solicitudes, recursos e inclusive de dos requerimientos, Defensa ha respondido finalmente.
    
Ayuda municipal
Lo que se demanda ahora desde este partido político no es más información al Ministeriio de Defensa, sino dado que el Ayuntamiento tiene interés en esa zona para añadirla al desarrollo turístico y económico de la ciudad, se sume a la causa a través de sus servicios jurídicos y su acción política.

Se da la circunstancia de que es un Gobierno socialista el que está en Madrid -que podría también ser un hándicap atendiendo a la idiosincrasia política- para dilucidar al menos una cuestión que no queda clara.