La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), en la presentación de su balance del servicio de atención a los inmigrantes en la Bahía de Cádiz, puso de manifiesto su intención de llevar a la Fiscalía la negativa de Sanlúcar a empadronar inmigrantes, un caso que denunciaron el pasado mes de febrero y al que el Ayuntamiento replicó asegurando que se había tratado de una decisión del técnico encargado del área de Población.
El abogado de la APDHA, Diego Bouza, manifestó no entender "cómo los responsables políticos no toman ninguna medida para impedir que un funcionario haga esto con algo tan sensible como el Padrón", y añadió que los inmigrantes irregulares también se encuentran con problemas a la hora de acceder al Hospital Comarcal Virgen del Camino afirmando que se trata de "una cuestión de formación del personal, que no tiene claras las directrices, especialmente en el centro concertado de Sanlúcar".
Desde el Ayuntamiento de Sanlúcar han salido al paso de estas acusaciones asegurando que "en ningún caso" se ha denegado la inscripción en el padrón a persona alguna por razón de nacionalidad o raza, en base a un informe emitido por la Unidad de Población "que aplica estrictamente la legalidad vigente, la misma que el resto de municipios españoles", recuerdan desde el Consistorio sanluqueño. Además, añaden que el único expediente que fue abierto a un inmigrante tras solicitar su empadronamiento fue resuelto ya favorablemente para éste cuando entregó la documentación requerida, según informa la misma unidad. Según la APDHA, habría tres casos de personas que solicitaron, al parecer, un cambio de domicilio, extremo del que no tiene constancia la Unidad de Población donde no tienen registrada ninguna solicitud con fecha 29 de septiembre de 2014, ni tampoco consta en el Registro General del Ayuntamiento. "El Ayuntamiento no da de baja a ninguna persona, salvo aquellas que proceden del Instituto Nacional de Estadística a través de ficheros de intercambio", aclaran desde la unidad de Población recordando, además, que el Ayuntamiento de Sanlúcar se puso a disposición del colectivo desde su primera comunicación por escrito, para resolver cualquier tipo de cuestión y añaden que, "a pesar de los reiterados intentos de contactar con este colectivo, ha sido imposible".
Por su parte, la dirección del Hospital Comarcal Virgen del Camino ha desmentido las acusaciones formuladas por el abogado de la APDHA, asegurando que desde el año 1997 que abriera sus puertas el centro hospitalario, no han recibido ninguna queja o información que ponga en cuestión la atención sanitaria a la población inmigrante. Así, el director del hospital, el doctor Antonio Bascuñana, asegura desconocer "cómo han exigido que se cumpla el protocolo de Atención Sanitaria a la población extranjera de la Junta" si ningún miembro de este colectivo se ha puesto en contacto con nadie del personal. El centro desmiente la información difundida por la APDHA en distintos medios de comunicación, lamentando que se haya puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores y las directrices del hospital. Desde el Virgen del Camino informan, además, de que trabajan en colaboración con algunas asociaciones o centros que asisten a estas personas "sin que hayamos recibido noticia de ningún tipo de malestar". Además, afirman que "nunca se ha negado la asistencia a nadie que la solicite" y reseñan que las directrices de la empresa Pascual y de los responsables del Hospital Virgen del Camino "siempre han sido claras: que se atienda en sus necesidades sanitarias a la persona que lo solicite, sea cual sea su situación administrativa". "Siempre la salud ha sido prioritaria sobre los papeles", inciden en un comunicado en el que ponen de manifiesto que los trabajadores del centro conocen y aplican el protocolo de Atención Sanitaria a Inmigrantes y reciben formación periódica sobre esta, entre otras cuestiones.
