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Miércoles 29/06/2022  

Sevilla

La Fiscalía concluye que los acusados del corcho de los ERE actuaron "a sabiendas"

Apuntan que todos ellos "sabían que nadie controlaría el destino" de los fondos públicos concedidos

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  • Ángel Rodríguez de la Borbolla en la Audiencia de Sevilla.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este jueves la fase de conclusiones definitivas e informes finales, del juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.

A la hora de exponer su informe final, la fiscal del caso ha asegurado, sobre todo, que todos los acusados actuaron "a sabiendas" de que las ayudas por valor de más de 8,4 millones de euros cosechadas por el citado grupo de empresas entre 2001 y 2007 fueron entregadas por la Junta de Andalucía "al margen de cualquier procedimiento legal", considerando además que todos ellos "sabían que nadie controlaría el destino" de los fondos públicos condecidos.

Los encartados en esta pieza de la macrocausa de los ERE, recordémoslo, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.

El testimonio de Viera 

Tras las pruebas testificales y periciales celebradas a lo largo del juicio, iniciado a mediados de marzo, la fiscal del caso ha invocado el testimonio del exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado por el "procedimiento específico" mediante el cual eran canalizados los fondos de la partida 31L de los presupuestos andaluces.

En concreto, ha rememorado que Viera testificó que "no existía una convocatoria específica" de estas ayudas, sino que la Administración actuaba "a demanda" de empresas que afrontaban situaciones "de crisis", tras lo cual ha recordado que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) autores de 275 informes sobre el conjunto de las subvenciones abarcadas por la macrocausa de los ERE manifestaron, de su lado, que las ayudas objeto de este juicio estaban descritas en los documentos como "específicas e incondicionadas", cuando una subvención "no puede ser incondicionada".

Mientras las ayudas indagadas fueron otorgadas durante el periodo en el que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social estaba comandada por Francisco Javier Guerrero, también condenado por el "procedimiento específico" articulado en la Junta para la tramitación de estos fondos y fallecido en 2020; la fiscal ha expuesto que con relación a las ayudas concedidas a las empresas del sector del corcho de la Sierra Norte de Sevilla, no consta solicitud formal de ayuda, "instrumento imprescindible" para la tramitación; ni "memoria de necesidad" o justificación del "interés social" ni documentos que reflejen "fiscalización" alguna del gasto final de los fondos.

Actuaron "a sabiendas" 

Según la fiscal, todos los acusados contaron con "capacidad de decisión" en las empresas beneficiarias de estas subvenciones y actuaron "a sabiendas" de que las ayudas fueron entregadas "al margen de cualquier procedimiento legal", siendo conscientes de que "nadie controlaría el destino" de los fondos públicos.

Mientras Rodríguez de la Borbolla manifestaba a la hora de declarar como acusado que entregó "toda la documentación" a la secretaria de Guerrero y que era "función" de la Junta de Andalucía reclamar la justificación del uso del dinero público entregado, la fiscal ha avisado de que este encartado contaba con "formación y experiencia para saber" cómo funciona la tramitación de una ayuda, señalando además su relación con Guerrero, pues ambos fueron alcaldes socialistas de Sierra Norte de Sevilla.

Cualquier persona con "un mínimo de diligencia", según la fiscal, sabe que para acceder a las subvenciones públicas "al menos hay que pedirlas" de manera formal, extremo en el que ha insistido.

Así las cosas, la fiscal del caso, en sus conclusiones definitivas, ha solicitado cinco años de prisión y ocho de inhabilitación para Rodríguez de la Borbolla por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, reclamando para el resto de los acusados cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por los mismos delitos.

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