La Plataforma Contra la Incineración de Residuos en Los Alcores ha anunciado que presentarán un recurso de alzada contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que ha otorgado la Junta de Andalucía a la planta cementera de Portland Valderrivas en Alcalá de Guadaíra y recuerdan que, con los plazos judiciales actuales, la actividad de incineración podría tardar unos “cuatro años y medio” en poderse llevar a cabo.
“Una batalla no es el fin de la guerra”, aseguran desde la Plataforma tras la autorización ambiental otorgada por la Junta, apuntando que tras diez años de “compromiso con nuestra ciudad y la salud de la población”, el “revés evidente” que supone este documento “en absoluto pone fin a la batalla legal”.
A su juicio, tienen opciones para continuar impidiendo “un proyecto de incineración que nos condena con la complicidad de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra”, recordando que “se ceba” desde febrero de 2022, con la comarca un radio de 30 kilómetros y que pueden incrementarse si se construyen “miles de viviendas en la zona del Zacatín”, que hará desaparecer la zona verde prevista.
“Nuestra hoja de ruta pasa por: recurrir a través de un recurso de alzada la autorización de la Junta que permite a Portland Valderrivas incinerar residuos en la factoría alcalareña”, aseguran contundentes, un trámite con tres meses de resolución y al que, si no es favorable, le seguirá la presentación de un nuevo recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos a seis meses.
“Si tomamos como referencia los tiempos que la Justicia viene marcando en este asunto”, dice la Plataforma cogiendo como referencia el anterior contencioso del grupo ecologista Alwadai-ira, calculan que “en total cuatro años y medio podría aún tardar en hacerse realidad el proyecto de incineración que persigue Portland Valderrivas, por lo que resulta muy aventurado afirmar que la Plataforma, las más de 8.000 personas que han mostrado su apoyo a esta y toda la comarca, están ante una derrota definitiva e inminente”.
También recuerda la plataforma que la autorización para incinerar “ha estado supeditada a la instalación y funcionamiento de una estación de control de calidad de aire durante un año antes”, lo que hubiera sido “impensable sin la lucha de esta Plataforma”, que además asegura que los datos de estas mediciones, “en teoría obligatoriamente públicos, hasta el momento han resultado inaccesibles para su consulta”.
Sí que apuntan que tienen “datos públicos y nada tranquilizadores” de la calidad del aire en tiempo real gracias al medidor de PM2.5 perteneciente a la red internacional de medidores PURPLEAIR, instalado por la Plataforma en la Barriada de la Liebre. “La actual calidad de aire de la zona no es ni mínimamente aceptable. No podemos permitirnos empeorarla aún más por el afán de lucro desmedido de una multinacional”, insiste.
“Vamos a seguir luchando porque literalmente a muchas personas puede irnos la vida en ello. La contaminación mata y eso es algo que ya nadie discute. Pero incluso si finalmente la traición de nuestros gobernantes permitieran la implantación de este atropello contra el que llevamos luchando una década, ni un solo segundo de nuestra lucha habrá sido en vano porque hemos conseguido impedir la incineración durante todos estos años con todos los beneficios que eso implica para nuestros/as vecinos/as”, asegura la plataforma.
Además, destacan cómo han contribuido a crear conciencia sobre el problema, respaldada en varias campañas de recogidas de firmas, pueden saber qué aire respiran con la instalación del medidor, y además se ha forzado a la implantación de mejoras en el proyecto de incineración de la propia fábrica “para que, de llevarse a cabo, se realicen con mayores garantías de seguridad a través de las numerosas alegaciones que hemos presentado al proyecto”. “En el camino hemos ayudado a otros colectivos con la misma problemática, aunado fuerzas y hemos demostrado que David puede mirar desafiante a los ojos a Goliat cuando el pueblo toma conciencia y se crece ante la injusticia”, aseguran.
“La Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y las cementeras pueden tratar de manipularnos sobre la legalidad y la buena opción que es incinerar para gestionar residuos, pero la verdad es que atentan contra nuestros derechos. Fumar es legal y todos sabemos que no es saludable, pero fumar es una opción personal y aun así, sujeta a restricciones que protegen a quienes no fuman. Tener una empresa incinerando en tu pueblo no es una opción personal, es un atentado contra todo lo que merece la pena defender”, concluyen.
