El Gobierno de Sanz estudia retomar la implantación del canon a autobuses turísticos

Publicado: 12/07/2024
El pliego para la concesión se paralizó ante el recurso de una empresa y nunca fue retomado por el Gobierno del PSOE ni del PP
El Área de Hacienda, Turismo, Participación Ciudadana y Transformación Digital estudia retomar la regularización de la actividad de las empresas de autobuses turísticos con itinerario fijo, que no se concluyó en el anterior mandato socialista, y que en ciudades como Madrid permiten que se ingresen cuatro millones al año, aunque en la propuesta inicial de Sevilla se incluía un canon anual de 225.000 euros por cada una de las dos empresas que prestaran el servicio.

Así lo han confirmado a Viva tanto el delegado de Hacienda, Juan Bueno, como la de Turismo, Angie Moreno, aunque ni han ofrecido fechas ni tampoco cómo se regularía ese servicio, habida cuenta de que existe un pliego de licitación de mayo de 2023 que ya había sido “corregido” tras el recurso interpuesto por City Sightseeing, una de las dos empresas que actúan en Sevilla, siendo la otra Alsa-Sevirama, y que el propio delegado ya confirmó en marzo que estaban “en conversaciones ya bastante avanzadas para poder regular y reglamentar ese servicio en nuestra ciudad”.

Sevilla cuenta en este momento con dos empresas que prestan el servicio con una autorización municipal y sin concurso público, si abonar tasas preestablecidas, acumulando la ciudad más de 32 años sin que se haya regulado una prestación que ya se trató de reglamentar en el anterior mandato socialista, tanto el de Juan Espadas como el de Antonio Muñoz, y que fue uno de los compromisos del acuerdo de investidura y de presupuestos asumidos con Adelante Sevilla y que abanderó la que fuera su portavoz Susana Serrano.

Tras años de negociaciones, el diciembre de 2021 Serrano logró que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobara los pliegos para la convocatoria del concurso público, de forma que, como en Madrid, pudieran participar todas las empresas interesadas, propio de una sociedad de libre mercado, y mejorar, al igual que ocurrió en la capital de España, el presupuesto base de licitación, poniendo fin “a la situación de falta de regulación y de marco legal adecuado”.

Según se anunciaba, la Junta de Gobierno Local aprobaba los pliegos de condiciones para la licitación en un proceso de libre concurrencia del otorgamiento de autorizaciones de uso especial de dominio público para la actividad de autobuses turísticos con paradas de subida y bajada de viajeros de la ciudad de Sevilla, de forma que se adjudicarán dos rutas que serán realizadas por dos empresas diferentes y sobre las que se aplicará una tasa calculada de acuerdo con estudios de viabilidad.

El pliego de licitación que nunca salió a concurso

El pliego definía dos rutas por la ciudad que serán realizadas cada una por una empresa diferente, que recorren y tienen paradas en los puntos de interés turístico de la ciudad y que fueron diseñadas de acuerdo con los informes del área de Movilidad, rutas que además evitaban algunas zonas del conjunto histórico con más problemas para absorber la circulación de vehículos y que respondían a los principios del Plan Sevilla Respira.

Así, se establecía por primera vez una tasa anual por el uso especial del dominio público para la realización de esta actividad por parte de las adjudicatarias. “Hasta ahora, las empresas que operaban obtenían ingresos por la venta de títulos pero no abonaban ninguna tasa al Ayuntamiento. Con el nuevo pliego se fija un canon anual de 225.000 euros al año cada una, una cifra que se ha obtenido tras la realización de estudios y análisis de viabilidad económica avalados por la Intervención y los servicios jurídicos municipales”, informaba entonces el Consistorio, que fijaba en tres años prorrogables por otros dos la concesión del servicio.

La licitación se esperaba realizar por libre concurrencia “con unas bases avaladas por los servicios jurídicos”, valorándose la oferta económica que presenten las empresas licitadoras “pero también otros conceptos como las mejoras en la señalización e información pública, la información digital y el uso de paneles solares; el uso de vehículos eléctricos para la realización de las rutas o las mejoras en cuanto a la flota de vehículos respecto a los mínimos establecidos en el pliego”.

Sin embargo, el pliego no llegó a salir a concurso público porque una de las dos empresas que en duopolio prestan el servicio presentó un recurso y se suspendió. Tras intervenir los Servicios Técnicos y Jurídicos municipales, en el Pleno del 23 de abril de 2023, el entonces alcalde, el socialista Antonio Muñoz, anunció que ya se había levantado la suspensión del concurso público tras haber sido recurrido City Sightseeing.

La empresa presentó un recurso de reposición contra el acuerdo municipal de fecha 3 de diciembre de 2021 respecto de la regulación de la tasa de ocupación en los pliegos. Tras un informe de los Servicios Jurídicos, el Ayuntamiento modificó la cláusula séptima y el anexo III del pliego y desestimó el resto de argumentos del empresario, por lo que la Junta de Gobierno acordó oficialmente el 5 de mayo de 2023 “levantar la suspensión del procedimiento”.

Barcelona o Segovia tienen ya regularizado sus servicios y, si se coge como ejemplo el de Madrid, se calcula que recauda unos cuatro millones de euros al año por la concesión. La capital sacó a concurso en 2011 el contrato de gestión de servicio público, en la modalidad de concesión, para el transporte turístico urbano con itinerario fijo, con adjudicación por diez años y prórroga de dos.

El presupuesto base de licitación incluía un canon fijo anual de 1.050.000 euros y otro variable del 4,5% de la cifra total de facturación bruta anual, aunque los licitadores podrían mejorar la oferta económica, licitación a la que también se presentó City Sightseeing en alianza con Auto Res (Grupo Avanza) y Grupo Pullmantur. Hubo nueve candidaturas y la mejor oferta fue la de  la UTE Juliá Travel, Atomóviles Luarca y Transportes Bacoma, que triplicó el presupuesto base licitación. Finalmente, el canon fijo fue de 3.003.000 euros y el variable, 19% si la facturación era inferior a 9 millones y del 6% si era superior la cifra de negocio, estimándose en al menos cuatro millones anuales los ingresos municipales desde la concesión.

 

 

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