Tres lineas rojas e inamovibles: romper relaciones con Endesa, personarse como acusación popular contra la reapertura de Aznalcóllar y topar los precios del alquiler. Esas son las condiciones que ha puesto Con Podemos-IU para seguir negociando los presupuestos con el PP y que chocan frontalmente con las posiciones que históricamente ha mantenido el gobierno de José Luis Sanz.

“No queremos ni titulares ni posicionamientos sino medidas”, insistía la portavoz del grupo, Susana Hornillo ante la prensa tras la reunión que había mantenido a primera hora con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para analizar las 19 enmiendas parciales que la confluencia ha presentado a los primeros presupuestos del popular.

Con Podemos-IU va “a por todas”, aseguraba Hornillo sobre sus líneas rojas inamovibles ante la dificultad de que el PP las acepte. “Sabe que está gobernando sin mayoría absoluta, nadie ha dicho que la negociación sea fácil”, insistía, apuntando que la única forma para seguir negociando porque “se puede transitar hacia otro modelo”.

Hornillo también ha apuntado que ninguno de los dos escenarios que se plantean le gustan, como es unos presupuestos de Sanz que podrían aprobarse con Vox, o una prórroga de los actuales del PSOE, que aseguraba tampoco le gustan porque se pactaron con Ciudadanos.

La primera de las líneas rojas tiene que ver con Endesa, “que está vulnerando los derechos fundamentales” de los ciudadanos y ante la emergencia climática plantean romper relaciones con la compañía eléctrica y avanzar hacia otro modelo de suministro, creando, por ejemplo, una empresa pública que dé cobertura, al menos, a los edificios municipales. “No puedes dejar los derechos en manos de una compañía privada”, insistía.

La segunda línea roja es ambiental, “frenar” los vertidos de la reapertura de la mina de Aznalcóllar en el Guadalquivir, personándose como acusación particular contra la reactivación de la actividad extractiva. El Gobierno de Sanz ya les contestó en un pleno que no era de su competencia.

La tercera es topar los precios de los alquileres a partir de la jurisprudencia y de la Ley de Vivienda que permite limitarlos en zonas tensionadas, porque Sevilla está “rendida al lobby turístico”.

En cuanto a las enmiendas parciales, Hornillo ha asegurado que no son de su grupo sino de la “sociedad civil”, por lo que espera que Sanz “escuche a la gente”. Entre ellas está la memoria histórica, violencia de género, ayudas para el colectivo trans, ventanilla única para la tercera edad en la administración local, reforma del mercado de San Jerónimo, mejoras en las piscinas de San Pablo y el Pulmón Verde, todas “demandas históricas” que no se han tenido en cuenta.