La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Javier Fernández, ha aprobado este jueves en su pleno ordinario de marzo una modificación en materia de su personal propio, marcada por una protesta de los técnicos de administración especial e ingenieros de la institución, de nuevo en demanda de mejoras laborales merced a la "responsabilidad" que ostentan en los proyectos de obra.
Recordemos que en el pleno de noviembre de 2024, este colectivo de técnicos de administración especial, arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros industriales o topógrafos, que en total suman unas 70 u 80 personas de la plantilla de la Diputación, protagonizaban ya una protesta inicial avisando de que sienten que su trabajo no se ve "reconocido ni remunerado" con relación a las "funciones y responsabilidades" asumidas.
Y es que estos profesionales afrontan "al menos diez años de responsabilidad civil y penal por cada proyecto o dirección facultativa" que firman, pero carecen de complementos de los que sí disfrutan los técnicos de administración general; con lo que reclamaban unas condiciones y remuneración "acordes a la responsabilidad, complejidad y peligrosidad" de sus funciones.
Este mismo colectivo ha protagonizado una nueva protesta en el pleno ordinario de este jueves, con motivo de una modificación promovida por el Gobierno local del PSOE respecto a la plantilla de la institución.
Cuestión de "categoría"
Al respecto, los portavoces de este colectivo laboral de la Diputación, Eva Hornillo y Jorge Gómez, han explicado a Europa Press que el motivo de la protesta radicaba en que la citada modificación en el área de personal implica "hacer extensivos a los encargados de obras de unos complementos de responsabilidad y disponibilidad anteriormente aprobados" para los capataces; sin incluir a los técnicos de administración especial e ingenieros pese que los mismos cuentan con una "categoría" superior y vienen reclamando esta misma medida "desde hace ya más de un año".
Así, han reivindicado su petición de mejora de sus emolumentos, como "responsables del principio y final de la cadena de trabajo" de las obras de la Diputación y responsables "reales" de los proyectos de obra. "Somos los que firmamos, somos los que determinamos qué hay que hacer y los que revisamos", han defendido.
Durante el debate plenario, tanto el grupo del PP como el de Con Andalucía, este último unido al PSOE por un acuerdo de gobernabilidad para el mandato, han reclamado dejar sobre la mesa este punto al ahondar en "desigualdades" en la plantilla de la Diputación y no haber "paz social"; mientras el diputado socialista de Empleado Público, Francisco Toajas, defendía que el asunto venía avalado por "cuatro sindicatos" de la institución para avanzar en una demanda derivada de que los encargados de obra habrían sufrido el "olvido" en la última modificación laboral.
Solucionar uan "situación de injusticia"
El presidente de la Diputación ha intervenido además, avisando de que "dejar el punto encima de la mesa sería incumplir un acuerdo de la mesa general de negociación" con el apoyo de cuatro sindicatos, para solucionar "la flagrante situación de injusticia en la que se encontraban los encargados de obra".
Destacando que aunque la medida pueda suponer "un agravio comparativo", lo cierto es que "no perjudica a nadie", Javier Fernández ha defendido la aprobación de este punto, explicando que las peticiones de los técnicos de administración especial e ingenieros "tienen mucha viabilidad para poder ser atendidas" en la nueva valoración de puestos de trabajo (VPT), cuya redacción ya ha sido encargada.
Por eso, el presidente ha pedido "calma" a este colectivo laboral, lanzando un mensaje de "tranquilidad", tras lo cual la propuesta ha sido aprobada con su propio voto de calidad, a cuenta del doble empate a 15 votos surgido entre el apoyo del PSOE y el rechazo del PP y Con Andalucía, pues el diputado de Vox no ha asistido por motivos de salud.
