Espadas da por zanjado el incidente del delegado Cabrera en un restaurante el día de Reyes

Publicado: 11/01/2021
Vox ha presentado este lunes una denuncia en los juzgados para pedir que se depuren las responsabilidades
Tras la reunión celebrada entre el concejal de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, y el responsable del restaurante 'Princi.Pico', Roberto Murados, quien finalmente ha negado que el edil reclamase nada fuera de lo permitido cuando acudió al establecimiento con su familia y ha descartado además que el mismo dijese expresiones xenófobas, el alcalde, Juan Espadas, ha manifestado que ha quedado "bastante claro qué es lo que sucedió".

En declaraciones a los medios de comunicación este lunes, el alcalde hispalense ha recordado que a lo largo de los últimos días han trascendido "claramente las opiniones del delegado y del dueño del establecimiento, que dejan bastante claro qué es lo que sucedió en definitiva" en aquel incidente.

Y frente a postura de Vox, que ha denunciado al citado concejal por presuntos delitos de coacciones, abuso de autoridad, prevaricación, de odio y de desorden público, considerando que el "cambio de versión" del empresario hostelero podría derivar de un supuesto "miedo a represalias" al funcionar su negocio gracias a una concesión municipal dependiente de los procedimientos reglados del Auntamiento, Espadas ha señalado que no va a "entrar" en el "activismo judicial" de Vox porque "lo que buscan es eso".

EL INCIDENTE

En concreto, Vox había reclamado "explicaciones urgentes" a Cabrera, asegurando que "testigos" le atribuían un "sonoro altercado con los trabajadores y responsables del citado restaurante porque no le dieron la mesa que él quiso", avisando además de un supuesto "abuso de poder" bajo la premisa de que el edil habría ordenado una "inspección policial exprés" en el negocio como represalia y acusando igualmente al edil de "insultos racistas y xenóbofos" hacia los miembros del establecimiento.

Cabrera, de su lado, exponía que "ni hubo insultos racistas, ni amenazas, ni se exigió ningún trato de favor", narrando que junto con sus familiares había solicitado una mesa para diez personas y el día de Reyes las normativas emitidas por la Junta de Andalucía para el sector hostelero permitían tal extremo. A raíz de la negativa del negocio a facilitar la mesa, "los responsables del establecimiento insultaron" a sus familiares y "negaron" la hoja de reclamaciones cuando fue solicitada, tras lo cual fue alertada la Policía Local pero él ya no estaba allí cuando los agentes llegaron, según Cabrera.

UN "ERROR" Y UN "MALENTENDIDO"

Después de eso, el pasado sábado se celebraba una reunión entre Cabrera y el responsable del restaurante. Al término del encuentro, el abogado del establecimiento, Joaquín Moeckel, explicaba a Europa Press que el empresario hostelero ha manifestado que en efecto, aquel día estaba permitido servir mesas de hasta diez personas y que medió un "error" por parte del restaurante a la hora de afrontar la situación, aludiendo a un "malentendido" derivado después en una "discusión" y finalmente en una "desagradable situación para todas las partes".

El abogado, en ese sentido, exponía que el responsable del restaurante ha señalado finalmente que Cabrera no profirió ningún comentario xenófobo o racista, destacando la voluntad de "aclarar" el incidente y zanjarlo y precisando que corresponde a "otro foro lo acontecido de forma tangencial" al citado conflicto, en alusión a la llegada de la Policía Local al establecimiento.

Tras la reunión celebrada entre el concejal de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, y el responsable del restaurante 'Princi.Pico', Roberto Murados, quien finalmente ha negado que el edil reclamase nada fuera de lo permitido cuando acudió al establecimiento con su familia y ha descartado además que el mismo dijese expresiones xenófobas, Vox ha formalizado una denuncia contra el citado capitular por presuntos delitos de coacciones, abuso de autoridad, prevaricación, de odio y de desorden público.

En concreto, Vox había reclamado "explicaciones urgentes" a Cabrera, asegurando que "testigos" le atribuían un "sonoro altercado con los trabajadores y responsables del citado restaurante porque no le dieron la mesa que él quiso", avisando además de un supuesto "abuso de poder" bajo la premisa de que el edil habría ordenado una "inspección policial exprés" en el negocio como represalia y acusando igualmente al edil de "insultos racistas y xenóbofos" hacia los miembros del establecimiento.

Cabrera, de su lado, exponía que "ni hubo insultos racistas, ni amenazas, ni se exigió ningún trato de favor", narrando que junto con sus familiares había solicitado una mesa para diez personas y el día de Reyes las normativas emitidas por la Junta de Andalucía para el sector hostelero permitían tal extremo. A raíz de la negativa del negocio a facilitar la mesa, "los responsables del establecimiento insultaron" a sus familiares y "negaron" la hoja de reclamaciones cuando fue solicitada, tras lo cual fue alertada la Policía Local pero él ya no estaba allí cuando los agentes llegaron, según Cabrera.

UN "ERROR" Y UN "MALENTENDIDO"

Después de eso, el pasado sábado se celebraba una reunión entre Cabrera y el responsable del restaurante. Al término del encuentro, el abogado del establecimiento, Joaquín Moeckel, explicaba a Europa Press que el empresario hostelero ha manifestado que en efecto, aquel día estaba permitido servir mesas de hasta diez personas y que medió un "error" por parte del restaurante a la hora de afrontar la situación, aludiendo a un "malentendido" derivado después en una "discusión" y finalmente en una "desagradable situación para todas las partes".

El abogado, en ese sentido, exponía que el responsable del restaurante ha señalado finalmente que Cabrera no profirió ningún comentario xenófobo o racista, destacando la voluntad de "aclarar" el incidente y zanjarlo y precisando que corresponde a "otro foro lo acontecido de forma tangencial" al citado conflicto, en alusión a la llegada de la Policía Local al establecimiento.

Frente a ello, el presidente de Vox Sevilla, Javier Cortés; la portavoz municipal del partido, Cristina Peláez; y el vicesecretario jurídico de Vox Sevilla, Fernando Rodríguez Galisteo, han formalizado este lunes en los juzgados una denuncia contra Cabrera por presuntos delitos de coacciones, abuso de autoridad, prevaricación, de odio y de desorden público.

VOX VE "ABUSO DE AUTORIDAD"

Recordando que Cabrera es el "máximo responsable" político de la Policía Local de Sevilla, Vox atisba un "claro abuso de autoridad" debido a la "muy numerosa dotación de efectivos" de agentes personados en el lugar de los hechos, un despliegue "desmesurado y abusivo" frente a la situación suscitada.

Vox alega además el testimonio inicial del dueño del restaurante 'Princi.Pico' respecto a que Cabrera habría "proferido presuntamente insultos racistas", extremo que según el partido habría sido supuestamente también aludido por "testigos" de los hechos, toda vez que el empresario ha manifestado finalmente que el concejal no habría realizado comentarios de tal naturaleza, según su abogado.

"Consideramos que Cabrera ha utilizado su situación privilegiada como máximo responsable de la Policía Local para actuar en beneficio propio, usando recursos públicos en una situación que para nada está clara", ha aseverado Javier Cortés, reclamando además "esclarecer" el "cambio de versión" de los hechos del empresario tras la reunión celebrada entre el mismo, su abogado y el concejal, un encuentro destinado a intentar "zanjar" el asunto según el letrado.

EL DESPLIEGUE POLICIAL

"Por qué cuando un restaurante denuncia ante la Policía un robo ésta no puede acudir o tarda en exceso en hacerlo por falta de medios y personal, pero cuando Cabrera tiene un problema en un restaurante a los pocos minutos aparecen ocho agentes y se realiza una inspección de cuatro horas y media intentando encontrar deficiencias sancionables en el restaurante", ha preguntado Cortes retóricamente.

Por su parte, Cristina Peláez ha defendido que su formación política va a "llegar hasta el final" del asunto, avisando de que "los recursos públicos como la Policía Local deben estar al servicio de los ciudadanos, no al servicio personal del delegado".

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