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Lunes 18/10/2021

Sevilla

El Sindicato de Médicos denuncia la situación crítica del hospital del Aljarafe

El deterioro de los servicios del hospital sevillano ha obligado al Sindicato Médico a denunciarlo alegando que "la situación ya es demasiado grave"

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  • Hospital del Aljarafe.
  • Se trata de un centro gestionado por una entidad privada, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

El Sindicato Médico de Sevilla ha denunciado hoy el grave deterioro que vive desde hace tiempo el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe en diversos artículos. En los últimos meses, la situación ha empeorado hasta llevarlo a una situación insostenible.

El Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe está integrado en el Sistema Sanitario Público Andaluz y presta asistencia sanitaria a la población del Aljarafe sevillano. Se trata de un centro gestionado por una entidad privada, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El centro opera bajo una figura jurídica excepcional, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, participado al 50% por la Administración sanitaria y por la Orden de San Juan de Dios. El Servicio Andaluz de Salud proporciona la financiación necesaria, pero el centro es gestionado por la Orden bajo la supervisión y el control teóricos del Consorcio.

En los últimos años, han sido públicos los desacuerdos en materia de financiación entre la Junta y la Orden Hospitalaria. Esta supuesta falta de financiación sería la causa de la insatisfacción en materia retributiva de los trabajadores del centro y también de las periódicas suspensiones de actividad asistencial. Así, por ejemplo, el 26 de noviembre de 2020, nuestra organización denunciaba la paralización del programa de donación de órganos para trasplante a causa, según los responsables del centro, de “problemas de financiación”.

No obstante, la realidad podría ser más compleja. El documento Fiscalización del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe correspondiente al año 2012, publicado por la Cámara de Cuentas de Andalucía en 2014, alcanzaba conclusiones inquietantes, entre las que destacarían las siguientes:

“La figura del consorcio sólo se ha utilizado de forma excepcional en el ámbito sanitario público. No se han facilitado los estudios que eventualmente se hubieran elaborado en el momento de la toma de decisión de su creación. En consecuencia, no se ha podido comprobar que las circunstancias que llevaron a la misma se mantienen en la actualidad”.

“Con independencia de un estudio fechado en diciembre de 2003, no se tiene constancia de cuáles son los elementos de referencia que se han utilizado para fijar la financiación del mismo en el ejercicio fiscalizado y en los precedentes”.

“El SAS participa al 50% de los resultados negativos del ente instrumental, esto es, el HSJD. A pesar de ello, los representantes del SAS en el Consejo Rector del Consorcio no tienen acceso a información detallada de la contabilidad financiera […], de los gastos de personal […], de los gastos en bienes corrientes y servicios […], de las inversiones (con carácter previo a su realización), de los datos de admisión hospitalaria, de los ingresos propios o de la contabilidad analítica de dicho centro”.

En un comunicado de prensa, dicho sindicato aclara que no tienen constancia de ningún estudio similar con posterioridad a la fecha mencionada, ni tampoco de que se hayan adoptado medidas tendentes a corregir los defectos detectados en él. Por el contrario, persisten los desacuerdos públicos en materia de financiación entre la Orden y la Junta. También son constantes las protestas de la población afectada y los rifirrafes políticos entre Gobierno y oposición sobre este asunto. Sin embargo, la pretensión de convertir los graves déficits asistenciales que presenta el Hospital de San Juan de Dios del Aljarafe en un argumento de confrontación política carece de sentido. Lo cierto es que el Consorcio que le proporciona soporte jurídico fue creado bajo los auspicios de la anterior Administración y que tanto ella como la Administración actual, de diferente signo político, han fracasado a la hora de hacer frente a los problemas generados por esta fórmula de gestión sanitaria.

A su vez, el resultado de esta incapacidad empieza a tener consecuencias gravísimas sobre la salud de la población del Aljarafe sevillano. A pesar de las declaraciones del consejero sobre los aumentos de la plantilla del centro, lo cierto es que las plantillas de facultativos han sufrido reducciones que en algunos casos son incompatibles con su normal funcionamiento. Según nuestra información, algunas especialidades quirúrgicas solo disponen de 4 ó 5 quirófanos al mes, llegando a ser solo 2 en algunos casos. Como consecuencia de ello, las listas de espera quirúrgica han alcanzado cifras preocupantes en varias especialidades quirúrgicas.

Los problemas afectan asimismo a varias especialidades médicas, hasta el punto de que en muchos casos resulten imposibles las consultas presenciales, que son sustituidas por “teleconsultas” que los facultativos de Atención Primaria deben hacer a través de chats para recabar la opinión de sus compañeros del hospital sobre pacientes concretos. La presión y el estrés a los que se ven sometidos tanto los facultativos del hospital como los de Atención Primaria, obligados a trabajar en estas condiciones, es insoportable. Con todo, mucho más grave resulta la merma de calidad asistencial que padece la población asignada al centro, superior a las 300.000 personas.

La situación ha llegado a ser demasiado grave como para que los responsables del centro y la Administración sigan eludiendo su responsabilidad. Unos y otros están poniendo en peligro la salud, e incluso la vida, de la población del Aljarafe, reducida a ciudadanos de segunda en materia sanitaria porque tanto la Administración anterior como la actual han sido incapaces de afrontar los problemas causados por un modelo de gestión sanitaria excepcional y, por lo que se ve, fracasado. La Junta debe adoptar medidas urgentes para garantizar la cobertura sanitaria de la población del Aljarafe en las mismas condiciones que presta el SAS y, en su caso, exigir responsabilidades a los gestores del centro por las consecuencias que de su actuación pudieran derivarse para la población.

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