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Miércoles 07/06/2023  

Sevilla

Adepa insta a proteger el palacio adquirido por el dueño de Magtel

El palacio de la Motilla no cuenta con la protección adecuada ni tampoco con un inventario de los bienes muebles que posee

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Mario López Magdaleno.

El Palacio de la Motilla.

El Palacio de la Motilla.

El Palacio de la Motilla.

El Palacio de la Motilla.

El Palacio de la Motilla.

El Palacio de la Motilla.

  • Mario López Magdaleno es el nuevo propietario de este bien tras elevarse la escritura pública por 3,5 millones
  • Joaquín Egea, de Adepa, no sólo habla de la protección del edificio, sino de su interior y de los cuadros que alberga
  • El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ya pidió a Cultura usar todas las herramientas legales posibles. Aún no hay respuesta

El futuro patrimonial del palacio de la Motilla, en pleno centro histórico de Sevilla y con valores “absolutamente extraordinarios”, está en el aire y a expensas de lo que decida su nuevo propietario, el consejero delegado de Magtel, Mario López Magdaleno, tras llegar un acuerdo con el marqués de la Motilla, Miguel Solís Martínez-Campos, para su adquisición, lo que ha llevado a la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía, Adepa, a reclamar que se proteja no sólo el propio edificio, sino cualquier elemento arquitectónico interior. Se une así al propio alcalde de Sevilla, que ya solicitó por carta a la consejera de Cultura, sin respuesta aún, a utilizar todas las “herramientas de protección jurídica” para evitar la dispersión de su patrimonio, una pérdida que consideraría “irremediable”.

“El bien es de ellos pero si hay cambios, por lo menos que salvemos el palacio”, aseguraba a Viva Joaquín Egea, presidente de Adepa, tras reconocer que en este caso en concreto, ante una operación entre particulares, sólo queda “ver qué va a hacer el nuevo propietario”, que no es otro que Mario López Magdaleno, CEO de Magtel, empresa dedicada a infraestructura, construcción o minería y que asegura que la operación ha sido realizada por el presidente de la entidad a título individual.

Lo cierto es que ya ha elevado a escritura pública, por 3,5 millones de euros, la compra del impresionante palacio, en una operación cifrada en 14 millones de euros. Fue ésta escritura pública la que levantó las alarmas en el Consistorio y derivó en el envío de una carta por parte del alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, a la titular de Cultura, Patricia del Pozo, ahora en funciones, misiva que aún no ha tenido respuesta.

El alcalde detallaba el legado de más de 800 años que acumula un palacio del siglo XVI al que se le realizaron aportaciones a lo largo de los siglos, la más importante a principios del siglo XX cuando Gino Coppedé y Vicente Traver le otorgaban las características del historicismo florentino que destacan en su fisonomía.

Pero hacía especial referencia al patrimonio mueble: “esculturas de mármol, colecciones de pintura al óleo, tablas y pinturas murales… (dispuestos con gran acierto y en correspondencia al bien inmueble), archivo, biblioteca, capilla…. constituye un conjunto cuya posible dispersión, a nuestro entender, podría ser una pérdida irremediable”, decía el alcalde.

A la Consejería

Así, le reclamaba a Cultura utilizar “las herramientas de protección jurídica” estudiar su “inclusión en el catálogo general del patrimonio histórico de Andalucía por parte de la Consejería de Cultura como organismo competente”, analizando los valores del patrimonio que alberga y proteger el bien, los usos y afectaciones a su integridad y autenticidad.

Por ahora, fuentes del Ayuntamiento de Sevilla confirman que no existe ningún proyecto presentado ni consulta oficial a nivel urbanístico que pudiera indicar el uso hotelero que algunas fuentes le han dado o alguna modificación sustancial del propio edificio.

Más protección

Al alcalde se ha unido ahora Adepa, que tiene muy claro que tanto el Ayuntamiento como la Consejería de Cultura deben actuar para ampliar la protección que tiene en estos momentos el edificio, que no está catalogado como BIC, y además extender esa protección “a cualquier elemento arquitectónico interior”, porque el valor no sólo está en las columnas o los arcos sino “en la distribución de las dependencias, en las maderas, en la cristalería, en los herrajes, tiene un valor incalculable, con aportaciones de distintos siglos”. “Normalmente la protección la pide el propietario”, asegura Egea, pero sin saber “qué va a hacer el nuevo propietario”, las administraciones tienen el deber de actuar.

Además, en este caso concreto, “no existe un inventario” del patrimonio que alberga ese edificio, aunque destaca que mantiene una parte de la herencia del conde del Águila, muerto por la muchedumbre por afrancesado al comienzo de la Guerra de la Independencia y que tenía “una de las mejores colecciones pictóricas” de la época y del reinado de Carlos IV.

El “más desconocido”

Del palacio Egea reconoce que es uno de los “más desconocidos para el ciudadano medio”, sólo abierto en ocasiones para eventos sociales y en algunos conciertos, cuando la declaración de BIC obligaría a abrirlo al menos una vez en semana, sin que hayan optado por ofrecer su espectacularidad y riqueza como han hecho otros como el de Dueñas, Salinas o Pilatos.

Sería una pena”, asegura Egea, que el patrimonio que alberga el palacio pudiera dispersarse, y aunque existiera un catálogo o inventario, “no se puede negar una venta de bienes”, se lamenta, comparándolo con los innumerables conventos, por ejemplo, que han sido desapareciendo o vendiendo, que lo que suponen es “una pérdida para el patrimonio de la ciudad”.

Al ser una operación entre particulares, es cierto que no se puede impedir que se venda o se traslade, asegura Egea, sólo se podría evitar que salga de España, recordando el caso de las obras de arte de Abengoa, ahora en disolución. “No se puede ordenar pero sí ayudar en la negociación, que tenga una finalidad. El BIC es de ellos, pero si el palacio va a ser transformado, por lo menos que salvemos el palacio”, concluye Egea.

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