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Viernes 09/12/2022  

Sevilla

Los taxistas acusan a la Junta de desregular el sector para favorecer a multinacionales

El presidente de la Federación Andaluza Élite Taxi, Rafael Baena, asegura que la desregulación emprendida por la Junta pone en peligro a diez mil familias

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El presidente de la Federación Andaluza Élite Taxi, Rafael Baena, ha acusado este jueves a la Junta, coincidiendo con una protesta frente a la Consejería de Fomento, de querer "desregular" este sector para favorecer a empresas multinacionales de VTC y poner además en peligro a 10.000 familias.

"Queremos empezar un diálogo y un debate con la Consejería, que se ha cerrado en banda y quiere presentar un decreto por vía urgente, que no cabía porque lleva cuatro años diciendo lo contrario", ha explicado a los periodistas Baena.

Ante la intención de Fomento de buscar un acuerdo antes del próximo 1 de octubre, el representante de Élite Taxi ha rechazado que la administración autonómica esté obliga a regular ya el sector, teniendo en cuenta que ni siquiera se ha presentado un borrador sobre el decreto.

Los convocantes, que defienden que cualquier decisión se enmarque en el marco regulatorio estatal para sentarse a negociar con la Junta, han indicado que en Andalucía existe una "ratio disparada" de unos 9.000 taxis frente a 3.200 VTC (Vehículo de Transporte con Conductor), que en muchos casos operan con autorizaciones de otras comunidades.

Asimismo, ha recordado que los taxis cuentan con tarifas reguladas desde el 1 de enero al 31 de diciembre -por lo que no sube sus precios en ningún momento a lo largo de año-, de modo que al "intrusismo" de los VTC, se suma la merma considerable de los ingresos que han sufrido con la subida de los precios del combustible.

VTC: Exigencias del taxi condenan a desaparecer nuestro sector

Por su parte, las asociaciones de alquiler de vehículos VTC de Andalucía Andeval y Unauto han advertido hoy de que las exigencias del taxi sobre la regulación de este servicio "condenarían al sector a su desaparición con la expropiación de licencias y restricciones arbitrarias a su actividad".

En un comunicado, ambas asociaciones sostienen que las exigencias de los taxistas a la Junta de Andalucía pasan por replicar el modelo aprobado en Cataluña con el establecimiento de restricciones desproporcionadas en la operativa del sector que podrían, como mínimo, eliminar el 25 % de los servicios que actualmente disfrutan los usuarios en Andalucía, con la extinción de hasta 8.500 puestos de trabajo y un importante daño a la economía de la región.

Según Ignacio Manzano, presidente de Andeval, es una "buena noticia que la Junta de Andalucía haya decidido aprobar una regulación para un sector que usan casi la mitad de andaluces y que da empleo estable a 8.500 personas", pero advierte de que "lo preocupante es que el taxi esté ejerciendo presión para implantar ciertas restricciones arbitrarias, cuya finalidad sería la limitación de la actividad del sector y, en última instancia, su destrucción encubierta".

Indican que las restricciones que los taxistas está proponiendo a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda el sector incluyen, entre otras medidas, el establecimiento de una longitud mínima para los vehículos VTC, un tiempo mínimo de precontratación, como en Cataluña, y la obligatoriedad de que las autorizaciones hayan prestado servicio durante los últimos doce meses.

"Si la Junta de Andalucía acepta las imposiciones de los taxistas seguiría la senda de Cataluña donde el sector VTC está casi desaparecido y se producen largas colas de espera a taxis y autobuses", han advertido ambas organizaciones, que recuerdan que la UGT ha alertado que defenderá a los más de 8.500 trabajadores del sector VTC en Andalucía.

Además, afirman que todas estas restricciones no sólo son contrarias al interés general y ponen en peligro miles de puestos de trabajo y están "dirigidas a contentar al sector del taxi tras su protesta -ayer en Sevilla se manifestaron más de un millar de taxistas de Andalucía-, sino que además son de dudosa constitucionalidad al implicar el cierre arbitrario de empresas y el establecimiento de límites a la gestión de las mismas, propios de países ajenos al entorno de la Unión Europea".

Asimismo, alertan de que la reducción de oferta de movilidad en Andalucía tendrá un efecto perjudicial sobre el turismo y la hostelería, la imagen de la región y la experiencia de movilidad de los visitantes.

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