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Viernes 01/03/2024  

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Lipasam reclama licitar ya la planta que gestiona Aborgase

La empresa de limpieza de Sevilla requiere a la Mancomunidad de Los Alcores un informe sobre todas las acciones y medidas a adoptar

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  • Tratamiento de residuos en la planta de Montemarta-Cónica. -
  • Los municipios fueron informados del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
  • Sevilla depositó 329.122 toneladas en 2021 en la planta de Alcalá, 33.458 de ellos selectivos
  • IU ha encargado un informe jurídico y estudia llevar el caso a tribunales

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa Lipasam, ha solicitado a la Mancomunidad de Los Alcores, mediante la que se gestiona el tratamiento de los residuos sólidos urbanos de 42 municipios de la provincia en la planta de Montemarta-Cónica, adjudicada y en prórroga forzosa a Aborgase, que explique cuáles los pasos a seguir tras el informe demoledor del Tribunal de Cuentas que señala medio centenar de irregularidades e insta, “de forma prioritaria”, a que se ejecute “una licitación para hacer posible una nueva concesión”.

Así ha reaccionado el Consistorio ante el informe del Tribunal de Cuentas, que concluye que es imposible fiscalizar la situación financiera de la Mancomunidad de los Alcores, enumerando 50 irregularidades entre las que se encuentran falta de adecuación a la legislación, presupuestos prorrogados desde 2013, contrataciones sin justificar, uso excesivo de contratos verbales y menores, y, especialmente, las referidas a la planta de Montemarta-Cónica que gestiona Aborgase, en prórroga forzosa desde 2016 y que cobra directamente servicios a los ayuntamientos y entidades, sin pasar por la caja de la Mancomunidad.

El Ayuntamiento aclara que Sevilla es sólo uno de los miembros de la Mancomunidad y no tiene ni siquiera un porcentaje mayoritario de representación, destacando que la entidad “tiene sus propios servicios económicos y jurídicos”.

Según apuntan, en la última Junta General de la Mancomunidad de Los Alcores, celebrada el 24 de noviembre de 2022, se puso en conocimiento de los municipios el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas y la planta de tratamiento de residuos urbanos de Montemarta-Cónica, que gestiona Aborgase en Alcalá de Guadaíra.

“En ese momento, una vez recibida dicha información, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de Lipasam, solicitó informe detallado al secretario de la Mancomunidad, donde se enumeraran y desarrollaran todas las acciones y medidas tomadas a partir de la recepción de dicho informe del Tribunal de Cuentas”, explican desde el Ayuntamiento.

Además, “desde Lipasam, se ha solicitado de forma prioritaria una licitación para hacer posible una nueva concesión”, añaden desde el Ayuntamiento.

El pasado año, en 2021, la ciudad de Sevilla produjo 329.122 toneladas de residuos sólidos urbanos, de las cuales 33.458 fueron de residuos recogidos de forma selectiva, es decir, el 10,17% del total. De los residuos selectivos, 13.524 toneladas son papel y cartón; 10.202 toneladas son de vidrio; y 9.732 toneladas, de plástico, brick y latas.

Los datos, extraídos de la página web de Lipasam, reflejan un incremento de producción de residuos con respecto a los de 2020, cuando se produjeron 317.823 toneladas, de los que 34.181 fueron recogidas de manera selectiva, un 10,75%, algo superior a los de 2021.

Ante la Fiscalía

El Tribunal de Cuentas ha anunciado la apertura de diligencias preliminares tras la presentación del informe pero IU ya estudia llevarla a Fiscalía. Según ha confirmado el edil de esta formación en Alcalá de Guadaíra, Rubén Ballesteros, ya han encargado un informe jurídico por si fueran constitutivas de delito ante la “cantidades de irregularidades e incumplimientos de la ley” que se desprenden del informe.

Pago de los ayuntamientos a proveedores y no a la Mancomunidad, vulneraciones de la Ley de contratación que no pueden hacer las administraciones públicas, sin adaptación a la legislación o la extensión de las prórrogas presupuestarias y de las concesiones son algunos de las cuestiones que tienen “preocupado” al edil de IU por que tiene “visos de ilegalidad”.

No se puede dar dinero a cambio de la salud de los ciudadanos o del medio ambiente”, aseguraba Ballesteros, que anuncia que la denuncia no sólo se presentaría desde IU Alcalá de Guadaíra, sino que se unirían todos los ediles en los municipios afectados y a través de su representación en la Diputación de Sevilla.

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