No los han engañado pero eso es lo que parece. Unos 65.000 abogados mutualistas alternativos en toda España y más de un millar en Sevilla claman para que el Gobierno les permita una “pasarela temporal” que haga posible trasladar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) las cantidades cotizadas en la Mutualidad de la Abogacía, tras comprobar que un “experimento” les ha dejado sin pensiones y sólo con una prestación mínima, en un caso de “desprotección social” que llegará hasta el Parlamento Europeo y con acciones judiciales en todos los ámbitos.
“Lo que queremos es irnos”, asegura la portavoz del Movimiento 2J, Ana Gil, que apunta que “nunca había pensado en las pensiones” hasta que saltó el escándalo que ha puesto en peligro la pensión de más de un millar de letrados en Sevilla acogidos a la mutualidad alternativa, una cifra superaba los 65.000 en toda España cuando detectaron que la Mutualidad de la Abogacía “funcionaba como una empresa privada” y ahora, resumen, están “fuera de la legalidad”.
Puede parecer extraño que a los abogados, entre comillas, se les pueda engañar, pero la falta de información ha propiciado una situación surrealista: que tras 30 años cotizados, como es el ejemplo de Ana Gil, ahora el cálculo de esa prestación, que no pensión, apenas si supera los 300 euros y están “atrapados”, asegura.
La Mutualidad de la Abogacía prestaba la cobertura a los abogados y en 1995 se introdujo una modificación en la que pasaba de ser obligatoria a un sistema alternativo o complementario, aunque en 2005 cambia el método de capitalización colectiva a individual, además de modificarse la naturaleza jurídica de la Mutualidad, pasa a ser “una empresa privada”, resume Gil. A pesar de que en unas jornadas del Colegio General de la Abogacía se recomendaba no sólo el paso al RETA sino informar a los mutualistas, pocos se percataron hasta que en 2018 empiezan a informar de las aportaciones trimestralmente y a querer “fiscalizar los rendimientos profesionales para subir la cuota”.
Salta la liebre y los mutualistas alternativos comienzan a comprobar que si tenían un cálculo de pensión de unos 600 euros, ahora no les llegaba ni a 300 y las coberturas eran ínfimas, como por incapacidad temporal, de sólo un año, y ni entraba la orfandad ni la viudedad. “No tenemos pensión sino una prestación, ni es actualizable ni garantizada porque es una empresa privada”, resume la portavoz de 2J.
“Hicieron un experimento con nosotros”, asegura Ana Gil, que recuerda que ya se hizo en su momento una pasarela temporal para los notarios y que los partidos políticos apoyan ese cambio para los abogados afectados, como ocurrió, entre otros muchos ejemplos, el jueves en la Diputación de Sevilla, con apoyo unánime de todos los grupos. “Incluso los Colegios de Abogados han declarado que nos acompañarán en todas las iniciativas”, asegura Gil, que recela y mucho de ellos puesto que son los que siguen promocionando a la Mutualidad.
La prueba de buena voluntad estaría en que todos los colegios de abogados, a los que se les ha requerido de forma individual por parte de cada colegiado y a través del Defensor del Pueblo Andaluz que les ha enviado requerimientos “sin que conteste ninguno”, se desvinculen de los convenios marco con la Mutualidad, que se prorrogan anualmente a fecha 30 de noviembre. Sería una "mínima prueba de imparcialidad", asegura la portavoz del Movimiento 2J sobre la postura de la dirección colegial.
En espera de que se formalice un nuevo Gobierno, tanto los ministerios de Trabajo como de Seguridad Social tienen conocimiento de la “desprotección” de estos mutualistas y de que están “fuera de la legalidad”, mientras que el Movimiento 2J rechaza la pretensión expresada por el Colegio General de la Abogacía de sentarse junto con la Mutualidad en la mesa de negociación que se abriría en la futura comisión. "No te vas a sentar con el enemigo", resume gráficamente la portavoz.
Gil insiste de nuevo en que “lo que queremos es irnos” porque de ser una entidad “sin ánimo de lucro” la Mutualidad ha creado un entramado y un negocio “que se está extendiendo con nuestras primas y las previsiones son que las prestaciones que nos den sean mínimas”, apuntando que la complejidad abarca todos los ámbitos y que iniciarán cuantas acciones judiciales sean necesarias, primero, para defender sus aportaciones a lo largo de todos estos años, y segundo, para dilucidar todas las responsabilidades que pudieran derivarse.
