La Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo, su socio Rafael Redondo y el exsenador del PSOE Francisco Rodríguez Martín por el supuesto encargo realizado para el fabricante sevillano de detergentes Persán SA.
En un auto de este lunes, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal desestima el recurso interpuesto por el exdirigente socialista y confirma en su totalidad la decisión del juez encargado de la instrucción de la macrocausa 'Tándem', Manuel García Castellón.
Fue el pasado mes de julio cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 propuso juzgar a los tres por la presunta comisión de delitos de cohecho y revelación de secretos en relación al conocido como 'Proyecto Saving'.
El magistrado explicó entonces que el mismo habría surgido "como resultado de las dificultades que los responsables del Grupo Persán y, concretamente, José Moya Sanabria, apoderado de dicha empresa, estaba encontrando para la reclamación de un reconocimiento de deuda relacionado con Fernando Martín y con el grupo Martinsa-Fadesa, que este último presidía".
"La ocasión de negocio surgió en el verano de 2011, cuando José Moya Sanabria, a través de un intermediario llamado Francisco Rodríguez Martín, coloquialmente denominado en todas las reuniones y documentos como 'Curro', efectuó un encargo al entonces comisario del Cuerpo Nacional de Policía, en servicio activo, José Manuel Villarejo, y su socio, Rafael Redondo, para acometer el denominado proyecto", apuntaba el magistrado.
En su resolución, el juez indicaba que del examen de la documentación intervenida "se ha podido saber que la colaboración profesional fue solicitada formalmente en una reunión mantenida el día 21 de julio de 2011, con la intención de mejorar la posición jurídica y negociadora de Persán como consecuencia de la denominada operación Fadesa".
LA COMPRA DE ACCIONES
Esa operación, formalizada mediante un contrato que fue suscrito en diciembre de 2007, concedía a José Moya Sanabria un derecho de opción de venta frente a Fernando Martín sobre un paquete de acciones de Martinsa, siendo la opción de venta, ejercitada por Moya en mayo de 2010.
"El contrato fijaba el precio de venta de acuerdo con la cotización media de las últimas 24 sesiones de cotización de las acciones de Martinsa-Fadesa. Estando así las cosas, en julio de 2008, Martinsa-Fadesa decretó la suspensión de pagos instando pocos días más tarde, ante el juzgado número 1 de A Coruña, la declaración de concurso voluntario de acreedores", recogía el auto.
El mismo señalaba que "la citada compra de acciones realizada en contrato privado por parte de José Moya fue ocultada por Fernando Martín, en concurso de acreedores desde julio de 2008, a la administración concursal, no figurando por lo tanto como acreedor en el procedimiento concursal seguido" por el citado Juzgado "y en el convenio que fue suscrito como consecuencia de dicho procedimiento".
"Esta situación determinó el planteamiento de diversas demandas con la intención de impugnar el convenio suscrito por los acreedores, así como para establecer una cuantía determinada de la deuda que tenía a su favor, recibiendo resultados negativos en todos y cada uno de ellos", aseguraba el juez.
TRES FASES EN EL PROYECTO
En este contexto, el magistrado apuntaba que el 'Proyecto Saving' habría de ejecutarse en tres posibles fases. "En primer término, se atendía a la recuperación del estatus jurídico de José Moya, en segundo lugar se atendía a que se dispusiese de capacidad negociadora para beneficiar los intereses del propio Moya, y por último, cobrar o dejar de aparecer como deudor ante la CECA en razón a una suma importante de dinero, cifrada en 1.000 millones de euros", detallaba el magistrado.
Por último, el instructor constataba que en el desarrollo del encargo CENYT --el grupo empresarial de Villarejo-- accedió a "información reservada, obrante en bases de datos de acceso restringido, lo que se habría realizado" por el ahora comisario jubilado y su socio.
"En concreto, se han localizado listados de tráficos de llamadas telefónicas, tanto entrantes como salientes, pertenecientes a tres personas que se investigaron en el 'Proyecto Saving'", añadía.
Las mismas, concluía el auto, eran el presidente de Ahorro Corporación, Antonio Fernández López; Alvaro Lobato, que había actuado como letrado de José Moya en el procedimiento concursal de Martinsa-Fadesa, y Victoriano López, director general de Ahorro Corporación.
