La mesa de trabajo sobre los cortes de luz reunirá este lunes en el Hogar Virgen de los Reyes al Ayuntamiento, a la Junta y a Endesa, además de a las fuerzas políticas y a los colectivos afectados, para presentarles los resultados de la auditoría externa que se ha realizado sobre el estado de la red de distribución eléctrica ante los numerosos cortes de luz que se suceden en la ciudad, pero los vecinos, los principales afectados, acuden con las reticencias de siempre, cansados de escuchar que la culpa la tienen los enganches ilegales y que la empresa mantiene correctamente sus instalaciones y servicios.

“Se nos anuncia la presencia del Sr. Paradela, consejero de Industria y Minas, así como que se nos informará del resultado de la auditoría externa realizada por la Junta para conocer el estado de la red de distribución eléctrica. El Ayuntamiento ha publicitado a bombo y platillo esta cita y también ha dado a entender que los resultados de  la auditoría apuntan a sus tesis iniciales, que son las de Endesa. Es decir, que la red está correctamente dimensionada y mantenida”, apunta irónicamente Barrios Hartos, la plataforma interdistritos que ha liderado las reivindicaciones ante administraciones y empresa.

La asociación asegura que “no esperábamos otra cosa”, apuntando que tanto Ayuntamiento de Sevilla como Junta de Andalucía “se han alineado desde el principio con los postulados del monstruo gigantesco que significa Endesa. El Partido Popular, como siempre, se pone de parte de las grandes empresas privadas, en este caso un monopolio como es Endesa. Para esto no son liberales ni se necesita el mercado libre que tanto defienden en sus declaraciones. Que los ciudadanos pasen frío en invierno y calor extremo en verano no tiene importancia, lo verdaderamente importante para el Ayuntamiento y la Junta es que se mantenga el crecimiento de beneficios”, critican abiertamente.

Asegura que acuden a “escuchar atentamente lo que tienen que decirnos y cómo lo van a presentar”, aunque advierten de que no les pueden convencer de que el acceso a los suministros básicos es “un derecho inalienable, ni mucho menos de que los causantes de esta situación que denunciamos seamos los propios barrios. Son sus beneficios los que chocan diariamente con los derechos más elementales, y que los llevan a abandonar a su suerte a miles de familias trabajadoras en los barrios obreros, de Sevilla y de otras partes de Andalucía”, advierten.

Y no estarán solos, porque numerosas entidades vecinales, al conocer la convocatoria de la mesa por los cortes de luz, han anunciado que acudirán al hogar Virgen de los Reyes para protestar y exigir una respuesta contundente tras años de sufrir interrupciones en el suministro eléctrico a pesar de continuar pagando “religiosamente” su factura de la luz.

Las recomendaciones del Defensor del Pueblo

En 2021, el Defensor del Pueblo Andaluz ya emitió una serie de recomendaciones a Endesa para abordar esta problemática y la primera premisa era asumir “que estamos ante un grave problema social que exige una respuesta inmediata”, un problema “complejo y multiforme” en el que miles de personas no tiene garantizado un derecho básico, poniéndose en riesgo “el ejercicio de derechos fundamentales”.

Además, recomendaba que el asumir que existen conductas delictivas o defraudadoras, no puede “extender la sombra de la sospecha o el descrédito, ni fomentar la culpabilización de todo un colectivo”, apuntando que se debe combatir con nuestras palabras y con nuestros actos la criminalización y la aporofobia, que forma que ante la multiplicidad de factores que concurren se de una respuesta coordinada desde todos los ámbitos de responsabilidad implicados, tanto públicos como privados.

Les reclamaba Jesús Maeztu un Plan de Choque partiendo de un Mapa de Riesgos con aquellas zonas y localidades con esa problemática, clasificándose la gravedad y prioridad de intervención, dotando al plan de cuantos medios y recursos, personales y materiales, sean necesarios, incluso con medidas excepcionales, aunque sea con carácter transitorio. Debía incluir un Plan de Actuaciones singularizado y adaptado para cada zona, con seguimiento y evaluación continua, además de un equipo de intervención.

Maeztu ya ponía como ejemplo la experiencia en la Zona Norte de Granada, manteniendo el modelo de intervención coordinada de administraciones y empresa, “pero evitando repetir los errores y disfunciones que han determinado el actual fracaso”, asumiendo responsabilidades y, especialmente, propiciando la participación de las asociaciones y entidades de las zonas afectadas.