La mina de Aznalcollar que explotará la entidad Minera Los Frailes (Grupo México y Minorbis) encara las últimas autorizaciones administrativas para su reapertura, que el alcalde de la localidad Juan José Fernández sitúa a principios del próximo mes de febrero, aunque la Junta ha optado por no concretar de momento la fecha.

A finales de octubre la Consejería de Sostenibilidad emitió el dictamen ambiental favorable, a pesar de que continúan los trámites para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Una vez que esta se emita, el último paso es la autorización de explotación por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas.

El titular de este departamento Jorge Paradela ha confirmado en declaraciones a Canal Sur Televisión que se acercan "a los pasos finales de la autorización" y que "no queda mucho".

Por su parte, el alcalde de Aznalcollar, Juan José Fernández, se ha mostrado convencido de que con la autorizaciones que restan la reapertura de la mina podría producirse a principios del próximo mes de febrero.

"Confiamos en el trabajo de la empresa, del Gobierno de la Junta y de los sindicatos porque la labor se está haciendo bien, pero tenemos a una comarca desesperada y es preciso pedir que se agilice el procedimiento para la reapertura lo antes posible", ha declarado a los periodistas.

La vuelta a la extracción en esta explotación supondría retomar la actividad en esta mina que lleva 21 años cerrada como consecuencia del desastre ambiental provocado por la rotura de la balsa de metales pesados, cuya explotación llevaba a cabo Boliden Apirsa, la filial de la multinacional sueca Boliden.

Su puesta en funcionamiento dispone de una inversión de 316 millones y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos mediante la extracción de unos 45 millones de toneladas de cobre, zinc y plomo durante unos 17 años.

El juicio aún pendiente

A pesar de estas declaraciones, aún queda pendiente el juicio fijado por la Audiencia de Sevilla en marzo de 2025 para resolver si hubo delitos de tráfico de influencias, prevaricación o fraude en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento al grupo México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel, tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por los derechos.

Entre los 16 acusados se encuentran los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.