Llegan las bajas temperaturas, con mínimas que estarán entre los 1 y 2 grados en estos dos próximos días, y los vecinos que continúan con el permanente problema de los apagones de luz en sus barriadas han vuelto a protagonizar un encierro, esta vez con un pequeño resultado, el compromiso de la Oficina Defensor del Pueblo Andaluz, que dirige Jesús Maeztu, para “agilizar los resultados” de la auditoría externa encargada por la Consejería de Industria sobre el estado de la red de distribución de Endesa en Sevilla, cuyo resultado ya se ha vuelto a retrasar y se ha pospuesto hasta finales de marzo o principios de abril.
Así lo han confirmado desde la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, tras el encierro que han protagonizado varios de sus miembros y algunos vecinos en el Centro de Servicios Sociales del Polígono Sur, con el objetivo de “urgir respuestas al grave problema permanente de los apagones”.
La acción reivindicativa ha durado unas horas y se ha puesto fin al encierro tras haber recibido respuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, que se “ha comprometido a agilizar los resultados de la auditoría que está realizando la Consejería de Industria para poner fin al problema que nos aqueja y a tener una reunión con nosotros en los próximos días”.
La plataforma insiste en que seguirán “luchando hasta conseguir una solución definitiva”, una vez que la reunión de la Mesa por los cortes de luz auspiciada por el Ayuntamiento de Sevilla, con la presencia de la propia Endesa y de la Consejería de Industria, terminara con un nuevo retraso de la auditoría externa encargada por la Consejería de Industria de la Junta sobre el estado de la red de distribución de Endesa, de forma que no estará hasta finales de marzo o principios de abril, porque los técnicos “necesitan más tiempo”, un extremo que ha provocado más frustración entre parte de los afectados, mientras el Ayuntamiento ha defendía su papel de “mediador” y la empresa anunciaba nuevas medidas para desvincular los consumos por enganches ilegales, a los que sigue culpando, de los de los usuarios para garantizar su suministro.
Así, el resultado del encuentro, en el que participaron Ayuntamiento, Consejería de Industria, Endesa, Subdelegación del Gobierno, partidos y representantes de colectivos vecinales, provocaba más frustración que esperanza entre los afectados, especialmente en la plataforma interdistritos Barrios Hartos, cuya portavoz, Laura Cárdenas, calificaba la reunión de “pantomima, una cortina de humo y un lavado de cara” cargado de “mentiras”, especialmente porque no se ha revelado el resultado de esa auditoría externa.
“La auditoría no está ni de lejos”, se quejaba Cárdenas, ya que finalmente no será hasta finales de marzo o principios de abril de 2024 cuando esté lista la información correspondiente al estudio sobre la calidad del servicio energético. En la reunión, las autoridades sólo “hablan de análisis y más análisis” cuando la ciudadanía necesita “acciones” que a su entender no llegan. “Cero propuestas”, insistía Cárdenas sobre la postura de las administraciones.
Para Barrios Hartos, la teoría sobre las acometidas ilegales y los cultivos de marihuana “no se sostiene” y supone una “cortina de humo” para eludir su responsabilidad cuando nos encontramos ante un “oligopolio energético”, con administraciones que no están “del lado” de la ciudadanía, por lo que no “tenemos más remedio que reventar las calles” con más movilizaciones.
Por su parte, Rosario García, de la Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, valoraba entonces que al menos que “la auditoría va para adelante”, después de que los técnicos haya solicitado “más tiempo” para confeccionarla de forma más completa, algo que vio “positivo”, aceptando la idea de esperar “unos meses más”, sobre todo porque la ciudadanía afectada por esta problemática lleva “20 años esperando”. Esa espera, con el brutal descenso de las temperaturas de estos días, se ha tornado insostenible, a pesar de que la plataforma valoraba el compromiso de Endesa de emprender “medidas urgentes” para prevenir las incidencias durante el invierno que parecen no surtir efecto.
Por su parte, Endesa defendía que, entre 2020 y 2023, había llevado a cabo una inversión de 11,5 millones de euros en el Polígono Sur, Este-Torreblanca y Cerro-Amate Palmete para “ampliar potencia y reforzar la red de baja, media y alta tensión que abastece a la zona”.
El “compromiso” al que llegó aquel día Endesa fue “seguir invirtiendo” en la red de distribución y aplicar la “sectorización de los consumos para intentar desvincular la sobrecarga de la red originada por la demanda de energía de las plantaciones de marihuana del suministro de los clientes con contrato en vigor”, que insisten sigue siendo la principal causa de los cortes.
Las recomendaciones del Defensor del Pueblo
En 2021, el Defensor del Pueblo Andaluz ya emitió una serie de recomendaciones a Endesa para abordar esta problemática y la primera premisa era asumir “que estamos ante un grave problema social que exige una respuesta inmediata”, un problema “complejo y multiforme” en el que miles de personas no tiene garantizado un derecho básico, poniéndose en riesgo “el ejercicio de derechos fundamentales”.
Además, recomendaba que el asumir que existen conductas delictivas o defraudadoras, no puede “extender la sombra de la sospecha o el descrédito, ni fomentar la culpabilización de todo un colectivo”, apuntando que se debe combatir con nuestras palabras y con nuestros actos la criminalización y la aporofobia, que forma que ante la multiplicidad de factores que concurren se de una respuesta coordinada desde todos los ámbitos de responsabilidad implicados, tanto públicos como privados.
Les reclamaba Jesús Maeztu un Plan de Choque partiendo de un Mapa de Riesgos con aquellas zonas y localidades con esa problemática, clasificándose la gravedad y prioridad de intervención, dotando al plan de cuantos medios y recursos, personales y materiales, sean necesarios, incluso con medidas excepcionales, aunque sea con carácter transitorio. Debía incluir un Plan de Actuaciones singularizado y adaptado para cada zona, con seguimiento y evaluación continua, además de un equipo de intervención.
Maeztu ya ponía como ejemplo la experiencia en la Zona Norte de Granada, manteniendo el modelo de intervención coordinada de administraciones y empresa, “pero evitando repetir los errores y disfunciones que han determinado el actual fracaso”, asumiendo responsabilidades y, especialmente, propiciando la participación de las asociaciones y entidades de las zonas afectadas.
