El gobierno local de Sevilla, que preside el popular José Luis Sanz, ha convocado oficialmente una plaza para el nombramiento de interventor por libre designación, un puesto que actualmente ocupa Sara Hernández, la cual llegó al Ayuntamiento durante el anterior mandato socialista procedente de la Diputación Provincial de Huelva y tras la jubilación del anterior titular del puesto, el 1 de diciembre de 2022. La función del interventor es clave, ya que se encarga del control y fiscalización interna de la gestión de tipo económico y financiera, así como de la gestión presupuestaria del gobierno local.

El puesto está reservado a personal funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior. Tendrá un nivel de complemento de destino 30 y un complemento específico anual de 78.589,59 euros.

Podrán participar en la convocatoria los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, que no estén incursos en varios supuestos, entre ellos aquellos inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa firme, si no hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas de suspensión.

Tampoco podrán optar los funcionarios destituidos, a puestos de la Corporación donde se produjo la sanción, si no hubiera transcurrido el plazo establecido en la misma; aquellos en las situaciones de excedencia voluntaria a que se refiere el artículo 89.1.a) y b) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por R.D. Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, si no hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas; y los que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier Administración Pública, salvo que lo hagan a puestos reservados a su subescala y categoría en la misma Corporación.

Las solicitudes se presentarán dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Los requisitos, que deberán acreditarse con la documentación oportuna, que se establecen para la selección de la persona que ocupe el puesto de Interventor General del Ayuntamiento de Sevilla, por el sistema de libre designación incluyen como el principal que el desempeño esté reservado a funcionarios con habilitación nacional.

Así, será requisito de los candidatos que opten al puesto de trabajo Interventor General, que en la actualidad se encuentren destinados en puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional, subescala Intervención-Tesorería, categoría superior.

Además, se requiere que hayan ocupado puestos reservados de la subescala Intervención-Tesorería sin solución de continuidad en los últimos 15 años, de los que al menos los últimos 8 hayan sido en puestos reservados en Ayuntamientos o Diputaciones Provinciales con presupuestos superior a 80 millones de euros. Por último, se considerará como prioritario la prestación de dichos servicios en el punto anterior en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Sobre el apartado de Formación y Docencia, la convocatoria considera como requisito que tengan como formación complementaria, la acreditación de titulaciones oficiales expedidas por universidades españolas o extranjeras diferentes a las exigibles para el acceso a la Subescala de Funcionario con Habilitación Nacional, que se encuentren relacionados con las funciones del puesto de trabajo.

También ser requisito la impartición de docencia, en universidades o centros oficiales dependientes de la administración general del estado o de comunidades autónomas, en materias relacionadas con las funciones del puesto de trabajo. Además, se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la UE.

Realizado lo anterior, dice la convocatoria, el Presidente de la Corporación procederá, previa constatación de los requisitos exigidos en la convocatoria, y a la vista de la trayectoria profesional y los méritos acreditados por los aspirantes, a dictar la resolución correspondiente, en el plazo de un mes, dando cuenta al Pleno de la Corporación.