La Fiscalía de Sevilla reclama cuatro años de prisión y sendas multas contra dos varones, por un presunto delito contra la salud pública derivado de su supuesta relación con un "quiosco de droga" instalado en una vivienda ubicada en el entorno urbano del Parlamento de Andalucía.

En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que los acusados son Francisco Javier L.M. y Samih C.M., quienes "se dedicaban a la venta de pequeñas cantidades de droga a través de la ventana del domicilio" del primero, correspondiente a un piso bajo de la calle Torrijano, entre el entorno del Parlamento de Andalucía y el casco histórico de Sevilla.

Según el Ministerio Público, agentes de la Policía Nacional observaron cómo en diferentes ocasiones los inculpados "realizaron el transporte y venta de droga a diferentes personas, a las que se les intervino papelinas de cocaína y fenatecina".

Como consecuencia de ello, según la Fiscalía, el 8 de marzo de 2023 fue acometido un registro policial del citado domicilio previa autorización por parte del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, interviniendo los agentes 87,4 gramos de cocaína, balanzas de precisión, , 0,44 gramos de MDMA y 272,4 gramos de hachís, así como envoltorios para el supuesto envasado de las sustancias y 8.923 euros en efectivo.

Tras aquel registro, la Policía Nacional informaba en una nota de prensa de que en dicha vivienda se ofertaban "diferentes tipos de sustancias estupefacientes junto a su precio, organizadas dentro de recipientes, en dosis dispuestas para la venta, como si de un quiosco de la droga se tratase", donde los clientes demandaban y recibían su encargo a través de la ventana, "sin necesidad de entrar en la vivienda".

"Los hechos provocaron tensión entre los vecinos de la zona, debido al tránsito de toxicómanos en las inmediaciones del domicilio, que se producía a diario y el consumo de muchos de ellos in situ, en las proximidades del mismo", señalaba la Policía Nacional.

Dado el caso, la Fiscalía atribuye a los dos acusados un presunto delito contra la salud pública, por el que reclama para cada uno de ellos cuatro años de prisión y sendas multas de 13.600 euros, de cara al juicio previsto en su contra el día 25 de este mes en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.