Varias asociaciones se han concentrado esta mañana ante las puertas de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) de la Junta para denunciar la “ineficaz gestión” del parque público de vivienda, que suman 75.000 viviendas y 300.000 familias en toda la región, y exigir mantenimiento y más control sobre el uso al que se destinan, reclamando implicación especialmente ante los problemas de convivencia o la falta de accesibilidad.
Con motivo del Día Internacional de la Justicia Social, la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados y Nosotros También Somos Sevilla se han concentrado ante la oficina de AVRA en el Polígono Sur para denunciar la “ineficaz gestión del parque público de vivienda protegida”, ya sea en régimen de alquiler como de compraventa, cuya responsabilidad es de la Junta y de esta Agencia en concreto.
Tras apuntar que en Andalucía hay 75.000 viviendas protegidas que albergan a unas 300.000 familias, generalmente en los denominados “barrios desfavorecidos” pero que las asociaciones denuncian que en verdad son “ignorados”, han denunciado la falta de mantenimiento de las viviendas y de las zonas comunes, así como la ausencia de control sobre quienes viven en ellas, especialmente con usos para fines “distintos a los previstos”.
También denuncian que muchas familias se ven obligadas a vivir en locales destinados a fines comerciales y la “permisividad” de la Junta frente a “frecuentes problemas de convivencia” en muchas comunidades de vecinos y la falta de medidas para promover la inclusión a aquellos como movilidad reducida.
Así, exigen a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda que “se tome en serio su política de vivienda pública y trabaje para conseguir que las viviendas cumplan adecuadamente” su función social, exigiendo a las administraciones, a todas, que “cumplan con sus obligaciones” para garantizar una justicia social que es igualdad de oportunidades, una “negligencia” que termina en violación de derechos “y el desprecio hacia los más empobrecidos por parte de los distintos poderes públicos”.
Así, exigen acciones concretas para garantizar el derecho a una vivienda digna, incrementar la disponibilidad de viviendas públicas; y estabilizar y regularizar la titularidad de las viviendas, teniendo en cuenta el arraigo de las familias que las habitan, además de otros aspectos.
También plantean fomentar la creación y acompañamiento de nuevas comunidades de vecinos para promover una convivencia saludable, pacífica y armoniosa; dotar de mediadores, educadores y trabajadores sociales para atender las necesidades de los residentes, promover la conciencia sobre los derechos y responsabilidades de los usuarios; eliminar las barreras arquitectónicas, instalando ascensores y rampas de acceso, para garantizar la movilidad de las personas mayores o con discapacidad; y mejorar la transparencia en la asignación de viviendas públicas.
