La Asociación en Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) ha valorado este martes el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Turismo y Cultura, que si bien avala el último reformado del proyecto básico de ejecución para la rehabilitación y reforma de las Reales Atarazanas, declaradas bien de interés cultural (BIC), para su adaptación como nuevo centro cultural; pide medidas sobre las "patologías y daños" detectados en dicho monumento y en el Hospital de la Santa Caridad, legado del barroco y también protegido.
El portavoz de Adepa, Joaquín Egea, ha manifestado a Europa Press que en el citado documento "no queda aclarada en ningún momento la causa" de dichas patologías y daños, extremo que ha reprochado a la Comisión de Patrimonio.
En cualquier caso, ha expuesto que la organización conservacionista prevé acciones por lo Contencioso Administrativo por el supuesto "incumplimiento" de las leyes de patrimonio histórico en estas obras y, además, prepara la impugnación del acuerdo "a tres bandas" alcanzado en 2017 por el colectivo, la Junta de Andalucía como dueña del monumento y la Fundación La Caixa como gestora del mismo, respecto al futuro del proyecto; al entender que los términos del mismo tampoco estarían siendo cumplidos.
El citado documento, como se había informado, avala el último reformado del proyecto básico de ejecución de las obras de las Reales Atarazanas considerando que las nuevas modificaciones introducidas "no tienen una incidencia desfavorable" en este monumento; pero a continuación, según el acta recogida por Europa Press, señala que "conocidas las circunstancias que están produciendo patologías tanto en este inmueble como en el Hospital de la Caridad situado junto a él, se considera necesario instar a quien proceda a realizar las reparaciones necesarias al objeto de evitar los daños que están sufriendo ambos" inmuebles protegidos como bien de interés cultural.
EL PROYECTO DE LAS ATARAZANAS
Las obras de este monumento, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX; comenzaron en febrero de 2022 después de que a finales de diciembre de 2017, la Junta como titular del monumento, la Fundación La Caixa como concesionaria de su explotación y Adepa firmasen un acuerdo destinado a resolver la entonces enquistada situación del proyecto.
Y es que aunque el diseño inicial de la actuación, obra del arquitecto hispalense Guillermo Vázquez Consuegra, había sido aprobado por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico; un juzgado suspendió provisionalmente la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento tras impugnarla Adepa por lo Contencioso Administrativo.
Para Adepa, aquel proyecto original suponía un "crimen patrimonial" al no recuperar la cota original del monumento y contemplar "la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior", con la instalación de "varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado", entre otros aspectos.
SOLUCIÓN EXTRAJUDICIAL
No obstante, la prolongada y ardua negociación entablada entre Adepa y a Consejería de Cultura para alcanzar un acuerdo extrajudicial acabó dando su fruto, con un principio de acuerdo para lograr una salida negociada, extremo finalmente plasmado en el convenio de diciembre de 2017, mediante el cual se desjudicializaba el asunto.
El acuerdo implicaba una remodelación del diseño original de Vázquez Consuegra, mediante las aportaciones y recomendaciones de un grupo de trabajo formado por varios miembros de Adepa y técnicos de la consejería de Cultura.
Ya en octubre de 2021, la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico daba su visto bueno a la reforma inicial del proyecto original, tras haber solicitado antes la introducción de diferentes aspectos en el nuevo documento técnico fruto del acuerdo de diciembre de 2017, como contemplar "la posibilidad de excavar la zona anexa al Postigo del Aceite", "retirar los tubos de inyección de los refuerzos y recalces bajo la cimentación de las pilastras" y "contemplar la posibilidad de prescindir o no" de la "nueva escalera diseñada para permitir el acceso a la zona excavada", como consecuencia de "su ubicación junto a los restos excavados de las pescaderías" y otros posibles vestigios que "emerjan".
Pero en enero de este año, Adepa alertaba de obras en el monumento merced a un nuevo diseño, que no contaría con los preceptivos informes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense ni de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico.
EL SEGUNDO REFORMADO DEL PROYECTO
En ese marco, el Ayuntamiento hispalense informaba de que el pasado 20 de diciembre de 2023 la comisión técnica de la Delegación de Cultura de la Junta había emitido un informe sobre un segundo reformado del proyecto, considerando que "las modificaciones son perfectamente viables, pero incluían de partida otras modificaciones no justificativas"; mientras el consejero de Turismo y Cultura, Arturo Bernal, aseguraba de su lado que el convenio firmado en 2017 con Adepa para desjudicializar el asunto está siendo cumplido "a rajatabla".
Tras criticar Adepa la limitación de las excavaciones arqueológicas a una sola de las dos naves inicialmente previstas y la reducción de la profundidad de la excavación, de los 4,5 metros iniciales a 2,4 metros; entre otros aspectos, Bernal explicaba que la excavación prevista "no podía ser acometida hasta el nivel" fijado inicialmente, al ser detectada la existencia de agua a los 2,4 metros de profundidad, extremo que "impedía cualquier tipo de actuación", además de que según sus palabras, "debajo de esos dos metros y medio ya no había nada, con lo cual no tenía ningún sentido seguir excavando".
Adepa, en cualquier caso, reclamaba esclarecer qué obras han sido acometidas en los últimos tiempos en el monumento y bajo qué autorizaciones.
