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El Condado

El Parlamento rechaza dar "una solución" a los agricultores del Plan Almonte-Doñana

Por Andalucía expone que la iniciativa "no es simplemente una cuestión administrativa, sino de justicia reparativa a aquellos agricultores"

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  • Fachada del Parlamento de Andalucía. -

La Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha rechazado este jueves --con los votos en contra del PP-- una Proposición no de Ley (PNL) presentada Por Andalucía en la que se instaba al Consejo de Gobierno de la Junta a crear una comisión de trabajo para determinar una "solución pertinente" a los agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivo.

Con esta iniciativa, que se ha debatido este jueves en el Parlamento andaluz, Por Andalucía reclamaba al Parlamento de Andalucía instar al Consejo de Gobierno a la creación y puesta en marcha de una comisión de trabajo, en el seno de la Comisión de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para que, en el plazo máximo de tres meses, determine "la solución pertinente" a la "problemática existente" en relación con los agricultores y cooperativistas del Plan Almonte-Marismas (subsectores II-13, II-14 y II-16) que optaron por la retirada de tierras de cultivo.

Esta comisión deberá estar formada por un representante de cada grupo político con representación en el Parlamento de Andalucía designado de entre sus miembros, un representante de la citada consejería y dos representantes de los agricultores y cooperativistas a los que se hace referencia.

El texto de la PNL señala que el 21 de septiembre de 2021 la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible aprobó proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Unidas Podemos por Andalucía con el acuerdo de crear este órgano, pero "pese a que los trámites de puesta en marcha de la comisión fueron iniciados la disolución del Parlamento y la convocatoria anticipada de elecciones impidió la constitución de la misma y el desarrollo de su cometido".

En este sentido, el parlamentario de Por Andalucía Juan Antonio Delgado, ha explicado que en 1997 la Consejería de Agricultura "suscribió un plan con los agricultores del Plan Almonte, en el que se daba la opción de continuar con el ejercicio de la actividad agraria con unas condiciones determinadas o retirarse de esas tierras de cultivo también con otras condiciones".

"Esas condiciones se respetaron para quienes decidieron abandonar la actividad agraria, pero no para quienes decidieron continuar. Situando a los primeros en una situación de agravio, pues de haber sabido las condiciones para continuar con la actividad hubiera sido distinta la decisión que tomaron en aquel momento. Una parte de los agricultores se comprometieron a dejar de cultivar las tierras al menos durante 20 años, ya que la Junta quería dejar así por el valor estratégico en términos medioambientales", ha detallado.

No obstante, el parlamentario ha aclarado que la Junta "no cumplió con estos agricultores", provocando "una situación no resuelta y que requiere por una solución definitiva", toda vez que ha subrayado que la iniciativa "no es simplemente una cuestión administrativa, sino de justicia reparativa a aquellos agricultores".

"Estamos hablando de personas que han dedicado sus vidas al trabajo en el campo, que cumplieron y cumplen las normas, que contribuyeron al desarrollo económico y medioambiental de Andalucía. Por tanto, no debemos permitir que aquellos que han actuado al margen de la ley salgan ganando", ha concluido.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS 

Por su parte, el parlamentario de Vox Rodrigo Javier Alonso ha señalado que el voto su formación es a favor de esta PNL, ya que es "bochornosa y muy lamentable" esta situación y ha remarcado que "los planes cuando se ponen encima de la mesa hay que cumplirlos firmemente y con rigurosidad".

"Con este plan se ha estado jugando durante 20 años con el pan de 160 familias. Yo voy un paso más allá, ya que es de justicia para estas familias que, además, se les indemnice por los 20 años que llevan esperando la ejecución de ese plan", ha comentado.

Por otro lado, el parlamentario socialista Mario Jiménez ha asegurado que durante estos años su formación ha mantenido "muchísimos encuentros" con los cooperativistas "intentando buscar solución a un tema complejo".

No obstante, Jiménez ha señalado que este caso "está juzgado", porque estos agricultores "ya han reclamado en vías judiciales la solución a esos problemas" y han planteado "un escenario de resarcimiento y de recuperación de sus inversiones que ellos legítimamente dicen que hicieron en aquel territorio y que se tenía que atender en el caso de la retirada y por el cambio de criterio que se produce a posterioridad al que se pudieron acoger los que permanecieron en la explotación".

Al respecto, el parlamentario socialista asegura que la PNL propuesta -- aunque han votado a favor de ella-- plantea "escenarios diferentes" y "una solución que ya se vio en la anterior legislatura" y que "solo salió adelante cuando en aquel momento esa formación decidió cambiar la redacción de la iniciativa y aceptar la propuesta de enmienda total que hizo el Partido Popular", pasando "de una comisión de estudio a una comisión de estudio jurídico, porque, el PP "sabía que esto es una cosa que tiene una complejidad jurídica muy clara.

Por ello, ha animado al PP en "mantener esa postura de darles una solución a los agricultores", porque el presidente de la Junta de Andalucía "fue personalmente a comprometerse en esa línea". "No vayamos a estar ante la misma estrategia por la que se ha estado engañando durante meses a los agricultores de la zona de la Corona Norte, diciéndoles que iban a poder legalizar sus tierras", ha concluido.

Por último, el parlamentario del PP Manuel Alberto Sanromán ha indicado que este asunto "viene de largo" y "responde a esas maniobras un poco oscuras que el Partido Socialista solía realizar en sus gestiones".

Así, el popular ha lamentado que "las condiciones que se establecieron para las distintas acogidas fueron alterados unilateralmente por la administración en aquel momento", toda vez que ha remarcado que la sentencia del TSJA de 2011 determinó que "no se le habían conculcado sus derechos en cuanto a las cuestiones que se dilucidan en este ámbito".

"Nosotros vemos aquí el único culpable, que es el Partido Socialista, las políticas que le han llevado a estar en oposición y que los ciudadanos no confíen en ellos", ha aseverado.

Por todo ello, el PP ha votado en contra de la PNL porque "tras una sentencia judicial" y después de que el Partido Socialista "haya cerrado cualquier puerta para cualquier solución que pudiera haber en el futuro", este asunto "no tiene motivación administrativa ni jurídica en este momento".

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