Los profesionales de la Abogacía y la Procura sevillanos que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita han recibido 2.019.664,45 euros por las asistencias realizadas en las guardias y el turno de oficio entre enero y marzo. Se trata del primer pago en el que se ha aplicado la nueva orden reguladora de las compensaciones económicas a quienes prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita, que entró en vigor el 1 de enero.
El texto, consensuado entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y los colegios profesionales, incrementa sus retribuciones, que no se subían desde 2009, según ha indicado la propia Consejería en una nota. En concreto, los procuradores han percibido 189.448,50 euros por los servicios del turno de oficio del primer trimestre del año, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.
En el caso de los letrados, se ha abonado 1.830.215,95 euros de los que 646.488 euros corresponden a las guardias realizadas, cuyas retribuciones ya se subieron en 2023, y 1.183.727,95 euros a las asistencias del turno de oficio, que se han incrementado este año tras estar congeladas desde 2009.
Con la aprobación de la nueva orden de módulos y bases del turno de oficio, la compensación económica a los profesionales que prestan servicio en el sistema de Justicia Gratuita se ha incrementado entre un 15% y un 20% en función de los procedimientos. Además, se han incluido actuaciones que garantizan el acceso a una asistencia profesional a las personas que carecen de recursos económicos suficientes, así como a colectivos vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género.
Andalucía es la primera comunidad que incluye la mediación en el sistema de Justicia Gratuita y así lo viene aplicando desde el 1 de enero. Así, en este primer trimestre de aplicación se han certificado 18 procedimientos de mediación por parte de abogados del turno de oficio (cuatro de ellos en Sevilla). Un trabajo por el que se compensa con hasta 400 euros a los letrados que logran acuerdos extrajudiciales.
También por primera vez se compensa económicamente a los letrados que asisten a personas por orden judicial, aunque después éstas no resulten tener derecho a la Justicia Gratuita. Entre enero y marzo se han certificado 171 actuaciones por requerimiento judicial (cuatro de ellos en Sevilla).
Desde la pasada legislatura, el pago se hace en dos plazos para agilizarlo. Así, en el primero se abonan las certificaciones que aportan los profesionales (tienen un mes una vez cumplido el trimestre) que no presentan ningún error, de forma que para el segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren de alguna subsanación. Antes de la modificación del reglamento, solo se podía hacer en un único pago, lo que obligaba a disponer de todas las certificaciones subsanadas.
